POR: ANA GARCIA.
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. — 11 de octubre de 2025.
Un ciudadano identificado como Juan Carlos Arana denunció públicamente ser víctima de un presunto despojo de propiedad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el que señala directamente la participación del secretario general del Ayuntamiento, Hugo Flores Vega, y de su padre, Salvador Flores Platas, a quienes acusa de utilizar el poder público y recursos municipales para apropiarse indebidamente de predios particulares.
De acuerdo con el testimonio del afectado, la propiedad en disputa fue adquirida hace más de 27 años y cuenta con documentación en regla. Sin embargo, afirma que desde hace cuatro años, el funcionario municipal ha intentado adjudicarse el terreno “argumentando tener documentos que no coinciden con el número catastral ni con la ubicación original del predio”.
El ciudadano relató que este 10 de octubre, elementos de la policía municipal y agentes de la Vicefiscalía irrumpieron en la propiedad “para cortar candados y realizar mediciones”, supuestamente con una orden de cateo “sin número”, lo que, según su versión, carece de sustento legal.
“Les pregunté qué número tenía la orden de cateo, y me contestaron que era sin número. Me quieren quitar la propiedad armando una demanda de despojo que según ellos yo les hice”, declaró Arana.
El denunciante señala que el secretario general, Hugo Flores Vega, actúa en complicidad con su padre, quien supuestamente se dedica a la compra y reventa irregular de terrenos en la zona, aprovechando su influencia política y su relación con cuerpos policiales locales.
⚖️ Posible conflicto de interés y omisión de autoridad
Según el testimonio, el padre del funcionario —Salvador Flores Platas— habría acudido como apoderado legal en audiencias judiciales, en representación de su hijo, mientras este último mantiene el control operativo desde la Secretaría General.
“La ambición es del papá, pero se vale del poder del hijo y del manejo del cuerpo policiaco. Tienen una oficina en el mercado público donde realizan estas operaciones”, agregó el ciudadano.
Arana acusa También y responsabiliza a la presidenta municipal de estar al tanto de las maniobras sin haber tomado medidas correctivas.
Vecinos y testigos del incidente señalaron que, al percatarse de la presencia policial, se congregaron en el lugar en defensa del ciudadano afectado, lo que habría disuadido momentáneamente el intento de ingreso.
“La gente se amontonó y lo pensaron, porque saben que está mal lo que están haciendo”, narró uno de los testigos.
El denunciante hace un llamado a las autoridades estatales y federales a intervenir, argumentando que el uso de la fuerza pública con fines particulares constituye una grave violación a los derechos ciudadanos y a la legalidad institucional.
Este caso abre nuevamente el debate sobre el uso político del poder
Felipe Carrillo Puerto es hoy el espejo de una realidad que se extiende por todo el país: funcionarios que olvidan que su cargo no les pertenece, sino que se les confía.
La Ley de Expropiación aprobada en Quintana Roo reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar la autoridad en nombre de la “utilidad pública”, y qué mecanismos protegen realmente a los ciudadanos de los abusos.
En un México donde el poder local puede ser más temido que el crimen organizado, defender una propiedad se ha convertido en un acto de resistencia cívica.
Porque cuando las leyes dejan de proteger, la justicia se convierte en una esperanza… no en una garantía.
Mientras tanto, el ciudadano asegura que seguirá presentando pruebas ante las instancias correspondientes y que no desistirá en la defensa de su patrimonio.
“Lo único que pido es justicia. Que las autoridades hagan su trabajo y que ningún servidor público se crea dueño de lo que no le pertenece.”
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones.
