El tema de feminicidio y justicia en México es crítico, reflejando una crisis de violencia de género y desafíos en el sistema judicial. A continuación, un resumen actualizado sobre la situación, con base en información reciente hasta el 15 de mayo de 2025:
Contexto General
- Cifras alarmantes: En México, se registran aproximadamente 10 feminicidios diarios, según organizaciones civiles y datos oficiales. En 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó más de 800 casos clasificados como feminicidio, aunque activistas señalan subregistros debido a que muchos casos se catalogan como homicidios dolosos.
- Definición legal: El feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal (Art. 325) como el homicidio de una mujer por razones de género, incluyendo violencia sexual, mutilación, o antecedentes de violencia familiar. Sin embargo, la aplicación de esta tipificación varía entre estados.
Noticias Recientes
- Fallo histórico en el caso de Lerma (2015):
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo relevante en un caso de feminicidio de una menor en Lerma, Estado de México. La Corte ordenó medidas de no repetición, incluyendo capacitación a autoridades judiciales y protocolos para prevenir la revictimización. Este fallo refuerza la obligación del Estado de garantizar justicia con perspectiva de género.
- Se destacó la necesidad de investigar con diligencia y sancionar no solo a los perpetradores, sino también a funcionarios que fallen en la protección de las víctimas.
- Casos actuales:
- En las últimas semanas, medios reportaron un caso en el que las autoridades judiciales trataron un homicidio como feminicidio, aplicando protocolos específicos de investigación. Esto responde a la presión de colectivos feministas que exigen no minimizar los casos como «crímenes pasionales».
- En Puebla, un caso de maltrato animal vinculado a un narcomensaje también puso en evidencia la intersección de la violencia de género con el crimen organizado, ya que las mujeres suelen ser blanco de mensajes intimidatorios.
- Protestas y plantones:
- Colectivos feministas y familiares de víctimas han intensificado movilizaciones. En la Ciudad de México, se reportaron plantones en el Zócalo junto a la CNTE, donde se exigió justicia para casos de feminicidio y desapariciones. Estas protestas señalan la impunidad, ya que menos del 20% de los casos de feminicidio resultan en sentencias condenatorias.
Desafíos en el Sistema de Justicia
- Impunidad: La falta de capacitación en perspectiva de género entre policías, ministerios públicos y jueces lleva a que muchos casos no se investiguen como feminicidios. Esto incluye la pérdida de evidencia o la clasificación errónea de los delitos.
- Corrupción y negligencia: En algunos estados, como Guerrero o Chihuahua, se han denunciado encubrimientos de feminicidios relacionados con el crimen organizado.
- Falta de recursos: Los centros de justicia para mujeres y las fiscalías especializadas en delitos de género enfrentan presupuestos limitados y sobrecarga de casos.
Avances y Medidas
- Reformas legales: En 2024, se aprobaron reformas para endurecer las penas por feminicidio y mejorar los protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba).
- Mecanismos internacionales: México enfrenta escrutinio de organismos como la CIDH y la ONU, que han instado al gobierno a cumplir con la Convención de Belém do Pará y garantizar la protección de las mujeres.
- Iniciativas locales: Algunos estados, como la CDMX, han implementado unidades especializadas en feminicidio, aunque su efectividad varía.
Perspectiva Social
- La sociedad civil y los movimientos feministas han sido clave para visibilizar el problema, con campañas como #NiUnaMenos y #JusticiaParaTodas. Sin embargo, las activistas enfrentan amenazas y estigmatización.
- En redes sociales, se han viralizado casos recientes, aumentando la presión sobre las autoridades, pero también generando polarización sobre el manejo de la información.
Conclusión
El feminicidio en México sigue siendo una emergencia nacional, con avances legales y judiciales que aún no se traducen en una reducción significativa de la violencia ni en justicia efectiva. Casos como el de Lerma marcan precedentes, pero la impunidad y la falta de coordinación entre autoridades persisten. La presión de la sociedad civil y los organismos internacionales será crucial para exigir cambios estructurales.
