Redacción 
Por Ricardo Reyes.
La percepción de que la justicia en México se aplica de manera selectiva continúa alimentando el debate público, especialmente ante casos de alto perfil en los que políticos, empresarios, funcionarios y líderes criminales parecen recibir tratamientos distintos frente a la ley.
Mientras miles de ciudadanos enfrentan procesos judiciales por delitos menores y permanecen años en prisión preventiva, diversos personajes vinculados con presuntos actos de corrupción, desvío de recursos o incluso nexos con el crimen organizado logran prolongar litigios, obtener amparos o evitar sentencias definitivas durante largos periodos.
Especialistas en derecho y organizaciones civiles han advertido que uno de los principales problemas del sistema judicial mexicano es la desigualdad en el acceso a la defensa legal. Quienes cuentan con recursos económicos y conexiones políticas suelen disponer de equipos jurídicos capaces de retrasar procedimientos o aprovechar vacíos legales, situación que difícilmente está al alcance de la mayoría de la población.
La discusión se ha intensificado tras los recientes procesos abiertos contra exfuncionarios estatales, mandos policiales y personajes relacionados con grupos delictivos, algunos de los cuales han sido investigados o incluso procesados en Estados Unidos antes que en México. Este fenómeno ha generado cuestionamientos sobre la capacidad y voluntad de las instituciones nacionales para actuar con independencia y eficacia.
Organismos nacionales e internacionales también han señalado que la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos del país. Diversos estudios han documentado que una gran proporción de los delitos denunciados no concluye con una sentencia, lo que fortalece la percepción ciudadana de que la aplicación de la ley depende, en muchos casos, de factores políticos, económicos o mediáticos.
Por otro lado, autoridades judiciales sostienen que las decisiones se toman conforme a derecho y rechazan que exista una política de persecución selectiva. Argumentan que cada caso responde a circunstancias particulares y que los procedimientos deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad, la pregunta sigue vigente: ¿la justicia en México es igual para todos o actúa con mayor rigor contra unos y con mayor flexibilidad hacia otros?
La respuesta continúa siendo motivo de controversia en un país donde la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia permanece entre los principales retos para la consolidación del Estado de derecho.
