Premio Estatal de Periodismo en la Opacidad: Gobierno y Congreso Revisan Trabajos sin Transparencia Pública.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Lo que debería ser un reconocimiento a la independencia, la investigación y el compromiso periodístico, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de control político disfrazado de homenaje a la libertad de expresión.
La reciente reunión del Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo, encabezada por la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, y con la participación del diputado Salvador Castañeda Rangel, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué son los propios representantes del poder quienes revisan y evalúan el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de fiscalizarlos?
La imagen resulta inquietante. Funcionarios y políticos analizando trabajos periodísticos en un premio que, en teoría, debería reconocer la crítica, la investigación y la independencia editorial. Es decir, el gobierno calificando a quienes eventualmente podrían exhibir sus errores, excesos o actos de corrupción.
Lejos de fortalecer la confianza en el certamen, la intervención directa de figuras gubernamentales alimenta la sospecha de que el premio opera bajo una lógica de control institucional, donde el poder político mantiene influencia sobre un reconocimiento que debería pertenecer exclusivamente al gremio periodístico y a organismos verdaderamente autónomos.
Más grave aún es la falta de transparencia que rodea el proceso. No se conocen públicamente los criterios de evaluación, la metodología utilizada para calificar los trabajos ni los argumentos que sustentarán la elección de los ganadores. Todo ocurre en la discrecionalidad de un comité integrado, precisamente, por representantes del mismo poder que el periodismo está obligado a vigilar.
Para muchos periodistas, este tipo de esquemas representan una contradicción de fondo: mientras los gobiernos hablan de libertad de expresión, conservan espacios desde donde premian, reconocen o legitiman a determinados comunicadores, generando inevitablemente dudas sobre la independencia de los galardonados y sobre los verdaderos motivos detrás de cada decisión.
La existencia misma de un Premio Estatal de Periodismo organizado bajo la tutela de las estructuras gubernamentales resulta cuestionable. En las democracias más sólidas, los reconocimientos periodísticos suelen estar en manos de universidades, asociaciones de periodistas, organismos civiles o jurados independientes, precisamente para evitar cualquier sombra de intervención política.
El problema no es únicamente quién entrega el premio, sino quién decide quién merece recibirlo. Cuando el poder se convierte en juez del periodismo, el reconocimiento pierde credibilidad y se transforma en un mensaje político.
Mientras el gremio enfrenta bajos salarios, despidos, censura indirecta, dependencia de la publicidad oficial y crecientes riesgos para ejercer la profesión, las autoridades parecen más preocupadas por organizar ceremonias de premiación que por garantizar condiciones reales para la libertad de prensa.
Así, el Premio Estatal de Periodismo corre el riesgo de convertirse no en un reconocimiento a la crítica y la independencia, sino en una vitrina institucional donde el gobierno termina premiando a quienes considera aceptables, mientras la verdadera función del periodismo sigue siendo incomodar al poder, no buscar su aprobación.
