Sin Redundar.

Por Carlos Avendaño.

Ficha roja, Guardia Nacional y una pregunta incómoda para el poder. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros ex funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses cuentan con ficha roja de la Interpol derivada de órdenes de aprehensión emitidas desde los Estados Unidos. Según explicó la mandataria, estas alertas internacionales podrían permitir detenciones si los acusados salen del país. La frase presidencial fue clara: “Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto hace que se alerten fichas rojas”. Y ahí aparece una escena políticamente incómoda: un gobernador con licencia con ficha roja internacional permanece en Sinaloa y además cuenta con resguardo de la Guardia Nacional, según así lo confirmó la propia presidenta. La pregunta inevitable surge por sí sola: ¿En dónde termina la protección institucional por razones de seguridad y en dónde comienza la percepción de privilegio político? Porque para millones de mexicanos la Guardia Nacional representa una fuerza destinada a contener la violencia, proteger las carreteras o reforzar la seguridad pública. Verla vinculada al resguardo de figuras bajo presión internacional abre un debate difícil. Esto no significa culpabilidad. Una ficha roja no equivale a sentencia. Tampoco sustituye un juicio ni prueba responsabilidades penales. Funciona como un mecanismo de localización y de eventual detención derivado de solicitudes judiciales internacionales. Pero en política, las percepciones suelen viajar más rápido que los expedientes. Y la imagen pesa, mientras ciudadanos enfrentan inseguridad cotidiana, una figura señalada internacionalmente mantiene protección oficial. La presidenta Sheinbaum Pardo también reconoció desconocer si el senador Enrique Inzunza Cázarez cuenta con medidas similares. Otra incógnita añadida a un tablero en donde ya abundan los silencios. Porque hace apenas dos semanas el discurso oficial giraba alrededor de exigir pruebas a los Estados Unidos. Hoy el escenario incluye cuentas congeladas, entregas voluntarias de exfuncionarios, investigaciones paralelas y fichas rojas internacionales. Innegablemente algo cambió, quizá no jurídicamente todavía, pero al menos políticamente sí. Y el costo empieza a sentirse en otro terreno: la reputación. Porque MORENA construyó una buena parte de su narrativa sobre una promesa de diferencia moral frente al pasado neoliberal. Por esto y muchas cosas más, cada señalamiento alrededor de presuntos vínculos criminales produce un impacto mayor: golpea directamente el discurso fundador. Mientras tanto, Sinaloa sigue acumulando más preguntas. Y cuando las preguntas empiezan a multiplicarse más rápido que las respuestas, el problema deja de ser exclusivamente judicial, y empieza a convertirse en una crisis política…

Enrique Inzunza reaparece, del silencio a la foto política. Después de 23 días de ausencia pública y de muchas especulaciones sobre su paradero, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Country Club de Culiacán junto al senador Javier Corral Jurado. Y la reaparición deja un mensaje político claro: “No está escondido”. Esto fue en esencia lo que quiso transmitir Corral al confirmar el encuentro y afirmar que vio a Inzunza muy tranquilo, decidido a enfrentar cualquier señalamiento y dispuesto a ejercer su defensa. “Lo veo muy decidido a enfrentar el asunto y hacer valer su defensa”, dijo Corral. También sostuvo que Inzunza Cázarez le comentó que no fue requerido para asistir a la Comisión Permanente, pero que estará presente para votar asuntos del periodo extraordinario. La escena resulta interesante porque cambia parcialmente la narrativa instalada durante semanas. Hasta hace poco, el debate giraba alrededor de la ausencia. ¿Dónde estaba? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la falta de actividad pública? Ahora aparece una fotografía distinta: un senador visible, acompañado de otro personaje político nacional, proyectando normalidad institucional. Pero en política las reapariciones rara vez cancelan las preguntas previas, porque normalmente abren nuevas. Porque el punto central ya no es únicamente si Inzunza Cázarez estaba ausente o no, la cuestión pasa a ser otra: ¿Cómo evolucionarán los señalamientos y qué ocurrirá si existen requerimientos formales de las autoridades mexicanas o de las internacionales? Y aquí conviene mantener una distinción muy importante: acusaciones públicas o reportes sobre investigaciones no equivale automáticamente a culpabilidad. Del mismo modo, una defensa política o una reaparición pública tampoco sustituyen eventuales procesos institucionales. Ambas cosas coexisten mientras llegan hechos verificables. La fotografía de Enrique Inzunza junto a Javier Corral también puede leerse como mensaje interno hacia MORENA: mostrar respaldo, transmitir serenidad, evitar que el silencio se convierta en aislamiento político. Porque la política mexicana tiene otra regla no escrita: los vacíos suelen llenarse rápido. Y cuando un actor permanece demasiado tiempo fuera de escena, otros empiezan a escribir la narrativa. Inzunza Cázarez parece haber decidido volver antes de que otros terminen de contar su historia. Ahora queda observar si esta reaparición marca el inicio de una defensa más activa o simplemente un intento de contener el costo político acumulado. Porque en escenarios de presión, la presencia pública ayuda, pero lo que termina pesando son las respuestas…

¿La SEDENA advirtió antes? Vaya pregunta incómoda que vuelve sobre Sinaloa. Si los reportes surgidos desde círculos de seguridad resultan ciertos, entonces la pregunta no sería únicamente qué ocurrió en Sinaloa. La pregunta sería: ¿Quién sabía y desde cuándo? Versiones difundidas recientemente sostienen que la Secretaría de la Defensa Nacional habría elaborado o recibido alertas sobre presuntos nexos, movimientos sospechosos o riesgos relacionados con personajes cercanos al ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y grupos criminales con presencia en el estado. Hasta ahora, sin embargo, estos señalamientos requieren evidencia verificable, documentos oficiales confirmados o investigaciones públicas que permitan sostenerlos como hechos. Esta diferencia importa. Porque una filtración no equivale automáticamente a prueba. Pero tampoco desaparece una pregunta legítima: Si existieron alertas institucionales previas, ¿Hubo seguimiento? Y si hubo seguimiento, ¿Qué ocurrió con esta información? Porque la historia reciente de México acumula demasiados expedientes donde advertencias tempranas terminan convertidas en archivos olvidados hasta que la crisis explota. Lo que hoy sí es visible es otra realidad: Sinaloa atraviesa una etapa prolongada de violencia, de confrontaciones entre grupos criminales y de presión política creciente alrededor de figuras públicas. Y cuando un contexto de inseguridad coincide con acusaciones posteriores, inevitablemente surge la sospecha de si hubo señales ignoradas. La política mexicana tiene un patrón conocido. Rara vez el gran escándalo comienza con la revelación principal. A menudo comienza con una pregunta mucho más incómoda: ¿Quién decidió no actuar? Porque si nadie sabía, el problema sería la incapacidad institucional. Pero si alguien sabía y no ocurrió nada, entonces el problema sería mucho más profundo. Y ahí es donde cualquier eventual documento, testimonio o investigación futura podría cambiar el debate. No sólo sobre responsabilidades individuales sino también sobre responsabilidades por omisión. Mientras tanto, entre versiones, filtraciones y silencios, Sinaloa continúa atrapado entre violencia, incertidumbre y una creciente desconfianza institucional. Porque cuando las acusaciones empiezan a apuntar hacia dentro del propio sistema, el problema deja de ser exclusivamente criminal, empieza a convertirse en político…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

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