Por Ricardo Reyes.
En medio de discursos sobre derechos, transparencia y protección ciudadana, diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Transparencia aprobaron el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nayarit, una iniciativa presentada como un supuesto avance institucional, pero que para muchos representa otro ejercicio político de simulación legislativa.
La narrativa oficial habla de fortalecer el manejo responsable de la información de las y los ciudadanos; sin embargo, la realidad golpea con una pregunta incómoda: ¿quién vigilará a quienes históricamente han demostrado incapacidad para garantizar transparencia y rendición de cuentas? Resulta difícil hablar de protección de datos cuando persisten señalamientos sobre opacidad, burocracia y escasos mecanismos efectivos para sancionar irregularidades dentro de las instituciones públicas.
La aprobación del proyecto parece seguir una fórmula repetida: crear nuevas leyes, anunciar grandes beneficios y venderlas como logros históricos, mientras los problemas de fondo continúan intactos. Más reglamentos, más documentos, más discursos y más fotografías políticas, pero pocas respuestas concretas para los ciudadanos.
El riesgo, advierten críticos, es que esta nueva legislación termine convertida en otro instrumento administrativo lleno de buenas intenciones y lenguaje jurídico complejo, pero sin capacidad real de impedir abusos o garantizar protección efectiva de información sensible. La desconfianza pública no surge por casualidad; se alimenta de años de promesas institucionales que rara vez se traducen en resultados visibles.
Ahora el proyecto será enviado a la próxima Sesión Pública Ordinaria para su discusión y votación, aunque para muchos ciudadanos la interrogante ya no es si la ley será aprobada, sino si servirá para algo más que engrosar el catálogo de reformas que nacen entre aplausos políticos y terminan acumulando polvo en los archivos gubernamentales.

