Más leyes, más discursos y las mismas carencias: el Congreso de Nayarit vuelve a vender promesas.

Por Ricardo Reyes.

Lo que la XXXIV Legislatura presentó como un supuesto avance histórico en materia de asistencia social también puede leerse desde otra perspectiva: un nuevo episodio donde la clase política vuelve a apostar por los anuncios, los aplausos y la narrativa institucional, mientras las necesidades reales siguen esperando respuestas.

Las y los diputados aprobaron la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Nayarit con el argumento de fortalecer el marco jurídico y garantizar derechos humanos para quienes más lo necesitan. El discurso suena correcto y políticamente atractivo, pero la pregunta inevitable es: ¿cuántas veces se ha escuchado exactamente lo mismo sin que la realidad cambie?

Porque en el papel casi todo funciona. Las leyes hablan de derechos, inclusión y fortalecimiento institucional. Los problemas aparecen cuando esos textos chocan con hospitales saturados, familias abandonadas a su suerte y programas sociales que muchas veces no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la población.

La aprobación de una ley no representa automáticamente resultados. No llena vacíos presupuestales, no genera especialistas de la noche a la mañana y tampoco corrige años de deficiencias estructurales. Pero sí ofrece algo que la política suele aprovechar con facilidad: una fotografía, un discurso y un titular favorable.

El mismo cuestionamiento surge tras la aprobación del dictamen para donar el inmueble donde opera “Casa DIF”, con la promesa de fortalecer la atención a personas con Trastorno del Espectro Autista. El anuncio puede presentarse como un acto de sensibilidad social, pero para muchas familias la realidad es otra: listas de espera, atención limitada y una demanda creciente que difícilmente se resuelve con movimientos administrativos.

La preocupación no es la intención, sino la costumbre política de convertir cualquier acción institucional en una aparente transformación profunda. Porque donar un edificio no equivale a resolver una problemática social. Tener instalaciones no garantiza personal suficiente, programas especializados ni recursos permanentes.

Mientras los legisladores celebran nuevas aprobaciones, fuera del recinto legislativo permanece una percepción cada vez más fuerte entre ciudadanos: que la política sigue acumulando leyes y promesas, mientras las soluciones reales continúan atrapadas entre la burocracia y el discurso oficial.

Al final, el riesgo es el mismo de siempre: que una vez apagadas las cámaras y terminados los mensajes oficiales, quienes más necesitan apoyo vuelvan a quedarse esperando resultados que rara vez llegan con la rapidez con la que se aprueban los dictámenes.