Carlos Avendaño
Por Carlos Avendaño.
El bienestar que entra por una puerta y sale por otra. El gobierno entrega apoyos con una mano, pero muchos ciudadanos sienten que con la otra se los recupera mediante tarifas, cobros y servicios públicos cada vez más cuestionados. Y sí, hablamos del mismo ciudadano al que durante años se le prometió bienestar. Adultos mayores que reciben pensiones y jóvenes que acceden a becas y programas sociales. Son mecanismos que buscan aliviar desigualdades históricas y que han significado respaldo real para millones de personas. Negarlo sería faltar a la realidad. Pero también existe otra percepción que crece en la conversación pública: ¿De qué sirve recibir apoyos si al mismo tiempo aumentan los costos básicos que golpean el bolsillo familiar? Ahí están los recibos de electricidad que muchos usuarios reportan como excesivos. Ahí está el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Ahí están las dificultades para acceder oportunamente a ciertos medicamentos o servicios de salud. Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿El apoyo social alcanza para compensar el costo acumulado de vivir? Porque el bienestar sostenible rara vez depende exclusivamente de transferencias económicas. Depende también de productividad, empleo, infraestructura, educación de calidad y oportunidades para generar ingresos propios. Sin lugar a dudas el viejo refrán sigue vigente hoy en día: “Dale un pescado a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y comerá toda la vida”. Traducido a la política pública: los apoyos pueden aliviar urgencias, pero el desarrollo económico duradero requiere condiciones para emprender, para producir, para invertir y para crecer. Quizá ahí está uno de los debates más profundos del México actual. ¿Los programas sociales están acompañados por una estrategia suficiente para fortalecer la productividad y movilidad económica? ¿O existe riesgo de construir dependencia sin resolver las causas estructurales? La respuesta no es simple, porque millones de beneficiarios consideran que los programas sociales han sido indispensables para sobrevivir. Al mismo tiempo, otros sectores perciben deterioro o insuficiencia en áreas sensibles como la seguridad, la salud, los servicios públicos o el crecimiento económico. La discusión entonces deja de ser ideológica y se vuelve práctica. El ciudadano común no evalúa gobiernos únicamente por discursos o apoyos recibidos. Los evalúa cuando abre el recibo de la luz, cuando busca medicamentos, cuando sale a trabajar o cuando revisa cuánto le alcanza para vivir. Y ahí es en donde cualquier proyecto político enfrenta su examen más difícil: no cuánto entrega, sino cuánto mejora realmente la vida cotidiana. Porque cuando la percepción es que el apoyo entra por una puerta y el costo de vivir sale por otra puerta, el bienestar prometido comienza a sentirse más frágil que permanente. Salvo su mejor opinión, estimado lector…
El campo ya no pide apoyos, está pidiendo sobrevivir. “Queremos que la presidenta se siente a negociar con los que realmente le chingamos en el campo”. Esta fue la frase atribuida a Baltazar Valdez Armentía que desde luego que no suena a consigna política, sino que suena a agotamiento. Suena a productores que llevan años atrapados entre la sequía, los costos disparados, las importaciones, los precios internacionales y los apoyos que llegan tarde o nunca. Porque el problema del campo mexicano dejó de ser coyuntural. Los propios líderes agrícolas hablan de un “punto de quiebre” y advierten que el modelo actual está empujando a productores hacia la pérdida de rentabilidad y eventualmente hacia abandonar la actividad. Y ahí aparece la advertencia más dura: las familias podrían quedarse sin tierras y el país dependerá más de alimentos importados. Esto no es una exageración retórica. Los productores han insistido durante meses en que los costos de fertilizantes, el diésel y la producción, aumentaron mientras los precios pagados por cosechas no compensan la inversión. Lo paradójico es que mientras aumentaba la presión, el gobierno federal terminó firmando acuerdos recientes para garantizar precios, contratos anticipados y apoyos con el objetivo de contener protestas y fortalecer la producción nacional de maíz. Es decir: el conflicto escaló tanto que terminó llegando hasta Palacio Nacional. Porque cuando quienes producen alimentos amenazan con bloquear carreteras o incluso afectar eventos internacionales como el mundial para ser escuchados, el mensaje es otro: No sienten que están negociando desde una posición cómoda. Sienten que pelean por sobrevivir. Y ahí está la contradicción mexicana. Se habla de soberanía alimentaria mientras los productores advierten que cultivar ya no resulta rentable. Se presume autosuficiencia mientras los agricultores alertan sobre la dependencia creciente de importaciones. La pregunta incómoda no es sólo cuánto cuesta rescatar al campo, la pregunta es: ¿Cuánto costaría dejarlo caer? Porque un país puede soportar muchas crisis. Pero cuando quienes siembran empiezan a desaparecer, la factura termina llegando a toda la mesa…
¿Y el Rocha? El misterio político que nadie termina de aclarar. La pregunta sigue flotando en Sinaloa: ¿En dónde está Rubén Rocha Moya? Versiones periodísticas recientes apuntan a que el ex gobernador estaría en una casa en una zona exclusiva de Culiacán, específicamente el sector de la Isla Musala, bajo fuertes medidas de seguridad. Sin embargo, ninguna autoridad confirma su ubicación exacta. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que Rocha Moya “está en su casa”, en Culiacán, que goza de buena salud, negando reportes sobre supuesto resguardo en Palacio de Gobierno. Es decir, no está desaparecido. Tampoco existe claridad pública total sobre la ubicación específica de Rocha. Entonces aparece el verdadero problema político. Porque cuando un personaje bajo presión nacional e internacional entra en zona gris de información, el vacío suele llenarse con especulación. Mientras tanto, continúan las medidas de seguridad alrededor de propiedades vinculadas a Rocha Moya y reportes sobre presencia militar en algunos sectores de Culiacán. La ironía resulta incómoda: para un ciudadano común, el Estado casi siempre lo tiene localizado, pero tratándose de figuras políticas envueltas en controversia, la información es difusa. Y en política, los silencios prolongados rara vez apagan preguntas, normalmente las multiplican…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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