El Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez bajo el radar de EE.UU.: de magistrado a señalado por nexos con “Los Chapitos” y posibles entregas a la justicia estadounidense
Redacción 
Ciudad de México / Culiacán, Sinaloa (RRC): El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, se encuentra en el centro de uno de los escándalos de presunta narcopolítica más graves de los últimos años en México. Acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de conspiración para importar narcóticos y delitos con armas en asociación con el Cártel de Sinaloa —específicamente la facción de “Los Chapitos”—, circulan versiones consistentes de que habría sido detenido o se habría entregado voluntariamente en San Diego, California.
Ni el DOJ, ni la DEA, ni autoridades mexicanas han emitido confirmación oficial sobre su estatus migratorio o custodia. Sin embargo, la ola de entregas de otros coacusados ha reactivado con fuerza los rumores sobre su paradero.
Enrique Inzunza Cázarez, de 53 años y originario de Badiraguato, Sinaloa, no es un político de bajo perfil. Abogado de formación, ocupó la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa entre 2016 y 2021. Posteriormente fue Secretario General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya, y en 2024 saltó al Senado de la República bajo las siglas de Morena.
Su ascenso rápido lo posicionó como uno de los operadores más cercanos al gobernador con licencia. Según la acusación estadounidense, esta cercanía habría sido clave para supuestamente articular protección al cártel a cambio de apoyo electoral y económico.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. A Inzunza se le imputan, entre otros:
- Conspiración para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas) hacia Estados Unidos.
- Posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Conspiración para poseer dichas armas.
Las penas posibles alcanzan la cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años. La acusación detalla que Inzunza, junto a Rocha Moya y otros, habría actuado como “enlace” entre líderes de Los Chapitos (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar) y el gobierno estatal. Se les señala por reuniones previas y posteriores a las elecciones de 2021, en las que supuestamente se pactó protección a cambio de colocar funcionarios afines en áreas de seguridad y administración.
Según el DOJ, el grupo facilitó el flujo de drogas y permitió operar con “impunidad” al cártel en Sinaloa.
Hasta ahora se han materializado al menos dos entregas:
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, detenido en Arizona.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quien se entregó voluntariamente.
Inzunza sería, según múltiples reportes no oficiales, el tercero en caer. Versiones periodísticas indican que habría sido detenido por agentes de la DEA en San Diego, posiblemente mediante una entrega voluntaria, dada su inmunidad como senador en territorio mexicano.
Tras la publicación de la acusación, Inzunza rechazó “enérgicamente” los señalamientos, los calificó de “infamia” y “ataque a la soberanía”. Reapareció esporádicamente en redes sociales con mensajes personales (incluyendo uno en latín y fotos familiares desde Badiraguato), pero ha evitado comparecencias públicas y ha faltado de forma recurrente al Senado.
Morena ha mantenido una postura cautelosa: algunos legisladores piden “no adelantar juicios” mientras no haya sentencia, y exigen respeto al debido proceso. La oposición (PAN, PRI y MC) ha exigido su licencia inmediata y la desaparición de poderes en Sinaloa. El caso ha generado fuerte tensión diplomática entre México y Estados Unidos.
Este caso forma parte de una investigación más grande derivada de los expedientes contra “Los Chapitos”. Analistas señalan que revela un supuesto esquema sistemático de infiltración en estructuras estatales: desde la colocación de funcionarios hasta la supuesta manipulación electoral mediante amenazas y apoyo logístico.
El escándalo ocurre en un estado históricamente golpeado por la violencia del cártel, con miles de homicidios y desapariciones en los últimos años, y en medio de un debate nacional sobre la relación entre poder político y crimen organizado.
Se mantiene la expectativa de comunicados oficiales en las próximas horas. Cualquier confirmación de detención o extradición marcaría un precedente de alto impacto en la política mexicana.
