Redacción 
Zapata
Por Javier Zapata.
México volvió a ser exhibido ante el mundo. No por su cultura, ni por su economía, ni por sus discursos oficiales. Esta vez, la realidad volvió a abrirse paso entre cifras maquilladas, conferencias matutinas y narrativas políticas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre desapariciones en México y el diagnóstico es demoledor: El país enfrenta una crisis grave, generalizada e indiscriminada de desapariciones, sostenida por impunidad estructural, corrupción, omisiones institucionales y, en muchos casos, colusión entre autoridades y grupos criminales.
El informe reconoce algo que el poder político muchas veces intenta minimizar: Las familias y colectivos de búsqueda han hecho el trabajo que le corresponde al Estado mexicano.
Mientras las instituciones archivaban expedientes, las madres cavan con sus manos. Mientras algunos funcionarios administraban estadísticas, los colectivos encuentran fosas. Mientras la burocracia discutía competencias, las familias aprendían genética forense, geolocalización y rastreo.
México llegó al extremo moral donde las víctimas tuvieron que convertirse en investigadoras, peritas, buscadoras y defensoras de derechos humanos para encontrar a sus propios hijos.
“La CIDH no habla de hechos aislados. Habla de una maquinaria de ausencia”.
Más de 128 mil personas desaparecidas. Más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del propio Estado. Décadas de expedientes sin resolver. El 95% de impunidad.
Y detrás de cada cifra existe una historia que el sistema quiso volver invisible.
La Comisión también reconoce algo todavía más delicado: muchas desapariciones no ocurren solamente por acción del crimen organizado, sino bajo esquemas de tolerancia, aquiescencia, protección, omisión o participación de autoridades estatales y municipales.
Es decir: En algunas regiones del país, el ciudadano quedó atrapado entre dos fuegos que en ocasiones dejaron de distinguirse.
El informe describe cómo policías, autoridades locales, operadores políticos y estructuras criminales llegaron a coexistir en territorios donde la ley desapareció antes que las personas.
Y aunque el documento reconoce avances institucionales desde 2018, también deja claro que esos avances siguen siendo insuficientes frente al tamaño de la tragedia.
Las 40 recomendaciones: “El ultimátum moral”.
La CIDH emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano. No son sugerencias diplomáticas menores; son una hoja de ruta urgente para intentar rescatar la credibilidad institucional antes de que el país normalice por completo la desaparición humana.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Garantizar búsquedas inmediatas sin esperar 72 horas.
- Crear mecanismos especializados para niñas, mujeres, migrantes y población LGBT+.
- Combatir la estigmatización contra familias buscadoras.
- Fortalecer fiscalías especializadas y capacidades forenses.
- Crear protocolos nacionales obligatorios para manejo e identificación de cuerpos.
- Transparentar registros de desaparecidos.
- Garantizar acceso real a verdad, justicia y reparación.
- Proteger a colectivos de búsqueda ante amenazas y asesinatos.
- Obligar a instituciones de seguridad a entregar información.
- Fortalecer mecanismos de memoria histórica y verdad.
Pero existe una recomendación implícita todavía más profunda:
el Estado mexicano debe dejar de administrar políticamente la tragedia.
Porque una desaparición no desaparece cambiando metodologías estadísticas.
No desaparece reclasificando expedientes.
No desaparece reduciendo cifras en conferencias.
No desaparece desacreditando organismos internacionales.
No desaparece culpando exclusivamente al pasado.
“La desaparición sigue existiendo mientras una madre siga buscando”.
“Nayarit también forma parte de la herida”.
Nayarit no está fuera de esta crisis.
La entidad ha vivido episodios marcados por desapariciones, denuncias de abuso de poder, redes criminales y señalamientos de complicidad institucional que dejaron heridas profundas en la confianza pública.
Durante años, muchas familias en el estado enfrentaron silencio, miedo y burocracia. Algunas denuncias se perdieron entre fiscalías saturadas.
Otras simplemente nunca avanzaron.
El fenómeno también reveló algo preocupante: cuando la ciudadanía deja de confiar en las instituciones, la búsqueda de justicia migra a los colectivos, a las redes sociales y a la presión pública.
Ese vacío institucional es uno de los mayores fracasos democráticos del actual y de cualquier gobierno.
“La desaparición más peligrosa”.
Pero quizá la desaparición más grave, no sea solamente la de personas.
“Es la desaparición de la sensibilidad humana del Estado”.
Cuando un país se acostumbra a escuchar cifras de desaparecidos todos los días, comienza una degradación colectiva extremadamente peligrosa.
La tragedia deja de indignar.
La impunidad deja de sorprender.
Y el horror se vuelve rutina administrativa.
Por eso el informe de la CIDH no solamente exhibe una crisis humanitaria. También exhibe una crisis ética del poder público.
Porque ningún gobierno puede llamarse humanista, mientras existan madres buscando solas en terrenos baldíos.
Porque ningún discurso de transformación puede sostenerse mientras miles de familias sigan preguntando dónde están sus hijos.
Y porque ninguna nación puede hablar de justicia cuando son las víctimas quienes tienen que investigar lo que el Estado se negó a investigar.
México no necesita más narrativas.
Necesita verdad.
Necesita justicia.
Necesita encontrar a los desaparecidos.
Y necesita impedir que el miedo siga gobernando territorios donde el Estado dejó de estar presente hace mucho tiempo.
Nayarit: “Entre el silencio oficial y la memoria de las familias”.
Y Nayarit debe entender algo antes de que sea demasiado tarde.
La desaparición de personas no comienza cuando alguien deja de regresar a casa.
Comienza cuando las instituciones dejan de reaccionar.
Cuando las carpetas se congelan.
Cuando las llamadas no se contestan.
Cuando las autoridades administran políticamente el dolor.
Cuando el miedo le gana a la verdad.
Porque un estado que no busca, permite. Un estado que minimiza, encubre. Y un estado que guarda silencio frente a las desapariciones termina convirtiéndose en parte del problema.
Hoy la Comisión Interamericana ha puesto nuevamente los ojos sobre México, pero también sobre cada entidad federativa donde las familias siguen buscando respuestas entre fosas, expedientes olvidados y promesas incumplidas.
Nayarit no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado.
No puede volver a permitir estructuras de impunidad, pactos de silencio, ni simulaciones institucionales mientras las familias continúan caminando solas.
La verdadera prueba para cualquier gobierno no está en los discursos, ni en las campañas, ni en los eventos públicos.
“Está en la capacidad de mirar a una madre buscadora a los ojos y responderle con verdad”.
Porque mientras exista una sola familia buscando a un desaparecido, el Estado sigue teniendo una deuda moral que no prescribe.
Y porque en Nayarit, como en todo México, la historia ya dejó una advertencia clara:
“Cuando la autoridad deja vacíos, alguien más ocupa el territorio”.
