Por Ricardo Reyes.
A seis años de la reforma laboral de 2019, la obligación de garantizar la representación proporcional de mujeres en las dirigencias sindicales —establecida en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en su artículo 371— se cumple en los estatutos y planillas, pero en la práctica sigue reproduciendo exclusión, simulación y, en algunos casos, acoso.
Aunque los sindicatos han modificado sus documentos internos para incorporar la paridad de género exigida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), especialistas y trabajadoras coinciden en que este cumplimiento es mayoritariamente formal y no incide en una verdadera redistribución del poder.
Mariana Torres Salgado, experta en derecho laboral, explica que la ley obligó a abrir espacios, pero no garantizó el ejercicio efectivo de la autoridad.
“La ley obligó a abrir espacios, pero no a transferir poder. Se cumple con el número, no con la incidencia. Muchas dirigencias colocan mujeres en carteras marginales —secretarías de actos culturales, fiestas o atención social— para evitar observaciones del CFCRL, sin modificar la lógica interna de control”, señaló.
En la misma línea, el analista laboral Enrique Rendón advierte sobre las distorsiones que genera la presión por cumplir cuotas:
“Se están armando planillas para cubrir requisitos, no para fortalecer estructuras. No es un problema de capacidad de las mujeres, sino de ausencia de formación, acompañamiento y procesos reales de liderazgo sindical. Se privilegia el cumplimiento legal sobre la construcción de cuadros sólidos”.
Más allá de la simulación, varias trabajadoras denuncian que la inclusión formal ha venido acompañada de prácticas que desalientan o directamente castigan su participación.
Laura N., trabajadora del sector servicios y actual secretaria seccional, relató:
“Cuando entré a la directiva, comenzaron los comentarios de que yo estaba ahí ‘por cuota’. Me excluían de reuniones importantes, no me informaban de las negociaciones y cuestionaban cada decisión que intentaba tomar”.
Un caso más grave es el de Patricia M., exdirectiva en la industria manufacturera, quien abandonó su cargo tras denunciar acoso sexual:
“Un dirigente condicionaba mi permanencia a ‘llevarme bien’ con él. No había canales reales de denuncia dentro del sindicato. Preferí salir antes que seguir en ese ambiente”.
Aunque la legislación establece mecanismos de igualdad y busca que los sindicatos reflejen la composición de su base trabajadora —donde las mujeres representan un porcentaje significativo—, especialistas coinciden en que la regulación es insuficiente en materia de vigilancia, capacitación y sanción.
La autoridad laboral se limita, en los hechos, a verificar la integración formal de las directivas en los documentos presentados, sin supervisar el ejercicio real de los cargos ni las condiciones internas de participación democrática.
De esta forma, la reforma laboral que prometía democratizar la vida sindical y avanzar hacia la equidad de género enfrenta una deuda pendiente: convertir la cuota numérica en una verdadera plataforma de liderazgo, con poder real, protección contra la violencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Mientras no se atiendan estas brechas estructurales, las mujeres en los sindicatos seguirán cumpliendo con la cuota… pero sin llegar al poder.

