ESTADOS UNIDOS ACUSA A GOBERNADOR DE SINALOA Y FUNCIONARIOS POR NARCOTRÁFICO Y ALIANZAS CON EL CÁRTEL.
Redacción 
Una acusación formal presentada en una corte federal de Estados Unidos sacude los cimientos del poder político en Sinaloa: el gobernador Rubén Rocha Moya y una red de altos funcionarios son señalados de colaborar directamente con el crimen organizado para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Por Ricardo Reyes.
El escándalo escaló a nivel internacional tras revelarse una acusación del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York que implica a altos funcionarios del gobierno de Sinaloa en una presunta red de corrupción al servicio del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial, el gobernador Rubén Rocha Moya figura como uno de los principales acusados en una conspiración para importar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos. La acusación sostiene que el mandatario habría recibido apoyo del grupo criminal conocido como “Los Chapitos” para ganar la elección de 2021, a cambio de garantizar protección institucional a sus operaciones.
El expediente detalla que no se trata de un caso aislado, sino de una presunta estructura de poder infiltrada por el narcotráfico. Funcionarios de distintos niveles —incluyendo mandos policiacos, fiscales y autoridades municipales— habrían recibido sobornos millonarios para permitir el libre tránsito de drogas, filtrar operativos y proteger a miembros del cártel.
Entre los señalados se encuentran ex titulares de seguridad pública, mandos de la policía estatal y municipal, así como funcionarios del gabinete estatal, quienes presuntamente operaban como enlaces directos entre el gobierno y la organización criminal. Según la acusación, algunos incluso habrían participado en secuestros, torturas y homicidios contra rivales o presuntos informantes.
El documento también expone un sistema sistemático de sobornos mensuales pagados a funcionarios, con cantidades que iban desde miles hasta decenas de miles de dólares, garantizando así la impunidad del grupo criminal en Sinaloa.
Uno de los puntos más graves es la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales, incluyendo robo de urnas, intimidación de candidatos y manipulación del voto para favorecer al actual gobernador.
Además del tráfico de drogas, los cargos incluyen uso de armas de alto poder, asociación delictuosa y secuestro con resultado de muerte, lo que eleva la gravedad del caso a uno de los más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Este caso no solo exhibe la presunta penetración del narcotráfico en las estructuras de gobierno, sino que también abre un nuevo frente de presión internacional sobre autoridades mexicanas. Mientras tanto, la sombra de la duda se cierne sobre la legitimidad institucional en Sinaloa y la capacidad del Estado para contener al crimen organizado desde dentro.
Este caso no solo exhibe la presunta penetración del narcotráfico en las estructuras de gobierno, sino que también abre un nuevo frente de presión internacional sobre autoridades mexicanas. Mientras tanto, la sombra de la duda se cierne sobre la legitimidad institucional en Sinaloa y la capacidad del Estado para contener al crimen organizado desde dentro.
