(Video) ESTADO DE INDEFENSIÓN: EL SENADO PROMUEVE LA MUERTE ANTE EL COLAPSO DEL SISTEMA DE SALUD.
Redacción 
En medio de una crisis de desabasto de medicamentos que obliga a las familias a costear sus propios insumos, el Senado de la República impulsa la legalización de la eutanasia mediante la «Ley Trasciende». Esta iniciativa es señalada por la sociedad civil como una medida desesperada y económica del Estado para evadir su responsabilidad de garantizar salud digna. A continuación, se analiza esta polémica propuesta frente a las carencias del sistema público nacional.
Por Carlos Hartig.
En entrevista exclusiva, Laura Hernández, Directora de Asuntos Públicos de Red Familiar, denunció que la agenda legislativa del Congreso de la Unión parece estar desconectada de las carencias más operativas de la población mexicana. Mientras el Senado prioriza la discusión de la eutanasia, Hernández cuestiona la ética detrás de facilitar el fin de la vida cuando más de 400 mil personas sufren enfermedades terminales sin acceso a tratamientos básicos. Según la activista, la prioridad del Estado debería ser rescatar los hospitales antes de ofrecer la muerte como una alternativa institucionalizada frente al dolor y la precariedad económica de los pacientes.
Hernández fue enfática al señalar que existe una confusión deliberada en el debate público entre la «muerte digna» y la eutanasia, distinción que los legisladores parecen omitir para suavizar la propuesta. La verdadera dignidad en la etapa final de la vida se alcanza mediante cuidados paliativos que alivien el sufrimiento sin acelerar el deceso, un servicio que hoy solo recibe el 3% de los pacientes que lo necesitan en México. Al proponer la eutanasia —que implica provocar la muerte de forma activa—, el Senado está ignorando la infraestructura necesaria para el acompañamiento médico, dejando a los enfermos en un estado de indefensión absoluta.
La realidad hospitalaria en instituciones como el IMSS y el ISSSTE refleja un panorama de abandono que contradice el «maquillaje» oficial del Gobierno Federal sobre el abastecimiento de insumos. Hernández relató que hoy en día las familias mexicanas deben recurrir a la «coperacha» constante para comprar desde gasas hasta quimioterapias, destinando más del 40% de sus ingresos mensuales a gastos médicos. Esta carencia sistemática convierte la propuesta de eutanasia en una «salida fácil» y barata para un sistema que prefiere administrar el final de la vida que invertir en la curación o el control de enfermedades crónico-degenerativas.
Un ejemplo crítico mencionado durante la entrevista es la situación de los 25 millones de mexicanos con padecimientos renales, de los cuales apenas 80 mil reciben servicios de diálisis en el sector público. Para Red Familiar, resulta ofensivo que el Estado ponga sobre la mesa la legalización de la muerte asistida mientras millones de ciudadanos esperan meses por una consulta o un fármaco que podría salvarles la vida. La falta de infraestructura y de personal especializado es una realidad que el Senado parece querer sepultar bajo una legislación que, en lugar de sanar, ofrece una vía rápida para quienes ya no pueden costear su derecho a la salud.
La entrevistada también destacó que esta reforma, al tocar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, tendrá un impacto nacional que no pasará por la ratificación de los congresos locales. Esto significa que la decisión se toma de manera centralizada, obligando a todos los estados de la República a implementar protocolos de muerte asistida independientemente de sus capacidades presupuestales. Hernández advierte que esto impactará directamente a los médicos de cada región, quienes se verán presionados a participar en procesos de eutanasia en hospitales que ni siquiera cuentan con los analgésicos más básicos para mitigar el dolor de sus pacientes.
A pesar de la gravedad del tema, Hernández reveló que hasta el momento no ha existido un diálogo directo con la Presidenta de la República, y que las conversaciones se han limitado a comisiones específicas en el Senado. La Directora de Asuntos Públicos lamentó que se escuchen los argumentos ideológicos por encima de las voces de las 1,200 organizaciones que ven de cerca el sufrimiento de las familias. La negativa a reconocer el desabasto real de medicamentos es, para la activista, una muestra clara de que el Gobierno Federal prefiere legislar sobre la muerte antes que enfrentar el fracaso de su política sanitaria.
Finalmente, ante la persistencia de los legisladores por avanzar con la «Ley Trasciende», la sociedad civil organizada ya contempla movilizaciones masivas a nivel nacional para exigir salud de calidad. El mensaje de Laura Hernández es contundente: antes de debatir sobre cómo facilitar la muerte, el Estado debe demostrar que puede garantizar la vida suministrando medicamentos y creando un Sistema Nacional de Cuidados real. Si la eutanasia se legaliza en un México desabastecido y pobre, no será un triunfo de la libertad individual, sino una rendición institucional ante la incapacidad de proteger a los ciudadanos en su momento de mayor vulnerabilidad.
