Por Carlos Avendaño.
En el municipio de Salvador Alvarado, hay algo que empieza a ser comentario recurrente en los corrillos políticos: la escasez de tablas y la aún más notoria ausencia de diplomacia. Tanto del ex alcalde Armando Camacho Aguilar como de la actual presidenta municipal Guadalupe López González han venido construyendo una trayectoria marcada -según diversas voces del ámbito local- por una relación fría con actores políticos de distintos niveles. El señalamiento no es menor. En más de una ocasión -dicen operadores y figuras del entorno- la pareja política habría declinado invitaciones institucionales y encuentros públicos sin mayor explicación, una práctica que en política suele interpretarse como desdén o como cálculo. Porque en este oficio, lo saben bien, la forma también gobierna. #SePresumeQue en el ambiente político local circulan versiones sobre reuniones frecuentes con el llamado “equipo Iguanos”, en donde -según estos dichos- se marcarían líneas internas de disciplina política. Hasta ahora, tales versiones no han sido confirmadas públicamente por los involucrados, pero el simple ruido ya está generando incomodidad en ciertos sectores de la sociedad. Y en política, el ruido sostenido rara vez es inocente. Lo que sí es verificable es la percepción creciente de que en Guamúchil se ejerce un estilo de liderazgo poco dado a la cortesía política tradicional. Y esto, a medida que se acercan los tiempos electorales, suele pasar factura. Porque si algo enseña la política sinaloense es que: los triunfos se construyen en equipo, pero los aislamientos también. Con el proceso de 2027 casi encima, la apuesta de continuidad podría no ser tan automática como algunos están suponiendo. Dentro del Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados, el escenario local muestra señales de reacomodo, desgaste y nuevas disputas internas. El mensaje de fondo es simple: no es tiempo de cerrar puertas sino de aprender a tocarlas. Porque en política, la soberbia cobra intereses, y esos siempre se pagan en las urnas. Serenos morenos. Al tiempo y contando…
El “Bello pueblo mágico de Mocorito” líder en opacidad. Mientras se promociona como una joya turística, el municipio de Mocorito aparece en una vitrina mucho menos atractiva: la de la opacidad en el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2024 se detectaron 574 millones 629 mil 600 pesos pendientes por aclarar en el estado de Sinaloa. Dentro de este universo, Mocorito encabeza la lista con 207.6 millones de pesos, lo que equivale nada más y nada menos que al 100% de la muestra auditada en este municipio. El mapa de observaciones continúa con: Mazatlán: 70 millones por aclarar. Cosalá: 59 millones pendientes. En contraste, los municipios de Culiacán y de Concordia cerraron sin observaciones en la revisión federal. Un dato que también llama muchísimo la atención es que el gobierno estatal no registró montos pendientes en materia de disciplina financiera ni deuda pública, lo que concentra los focos rojos principalmente en el ámbito municipal. La pregunta que inevitablemente surge no es menor: ¿Cómo puede el Pueblo Mágico de Mocorito liderar al mismo tiempo el ranking de opacidad? Porque una cosa es el encanto colonial para el turismo, y otra muy distinta, es la claridad en el manejo del dinero público…
La subsecretaría incómoda. La llegada de Nora Patricia Figueroa Sauceda a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Sinaloa no ha pasado desapercibida y no precisamente por consenso. En distintos espacios políticos y administrativos se han acumulado críticas sobre su estilo de conducción y trato institucional, comentarios que -hasta ahora- no han sido desmentidos públicamente por la funcionaria. El problema de fondo no es personal, es estructural: cuando quien encabeza un área de derechos humanos genera percepciones de distancia o rigidez en el trato, la credibilidad del propio encargo se resiente. A esto se suma el antecedente de su cercanía política con la hoy diputada María Teresa Guerra Ochoa, una relación que en círculos locales sigue alimentando lecturas sobre alineamientos internos dentro del llamado gobierno Rochista. Más allá de simpatías o de fobias, la vara para cualquier responsable de derechos humanos debería ser alta y medible: escucha a víctimas, apertura institucional y resultados verificables. Porque en cargos de esta naturaleza no basta con ocupar la oficina correcta; hay que construir confianza pública. Y esa -cuando se erosiona- no se recupera con boletines. La pregunta que queda sobre la mesa es simple: ¿Está la Subsecretaría fortaleciendo la defensa de derechos humanos o acumulando desgaste político?…
La extraña ceguera de la oposición. Resulta curioso -por decirlo suave- el silencio de las dirigencias estatales de los partidos de oposición frente a lo que diversos analistas políticos ya califican como posibles actos anticipados de campaña. Ahí están los nombres circulando en la conversación pública: Enrique Inzunza Cázarez, senador; Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa de Mazatlán; María Teresa Guerra Ochoa, diputada local; Graciela Domínguez Nava, diputada federal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. Para muchos observadores de la sociedad, la actividad política de estas figuras merece, cuando menos, una revisión puntual bajo la lupa electoral. Pero lo que más nos llama la atención no es solo lo que hacen estos actores de MORENA, sino lo que no están haciendo sus adversarios. Porque cuando se trata de la senadora Imelda Castro Castro, sí hubo denuncia formal. Entonces las preguntas son por demás inevitables: ¿La oposición ve selectivamente? ¿Carecen de autonomía sus dirigencias estatales? ¿O simplemente están esperando el momento políticamente conveniente? En política, el silencio también comunica. Y cuando los partidos que deberían vigilar se quedan callados, la sospecha empieza a hacer ruido. Como diría el clásico: algo huele mal en Dinamarca…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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