Por Carlos Avendaño.
En Sinaloa, el Hospital Pediátrico deja de ser puente y empieza a ser muro. De manera extraoficial, personal del propio Hospital Pediátrico de Sinaloa ha señalado que ya no se está brindando atención a pacientes derechohabientes del IMSS o del ISSSTE. Si esto se confirma, no es un ajuste administrativo: es un terremoto sanitario. Estamos hablando del único hospital especializado en atención infantil con múltiples subespecialidades en el estado. No de una clínica menor. No de un centro alternativo. De la referencia pediátrica. La preocupación crece aún más ante otro dato delicado: el área de cajas fue retirada y ya no sería posible pagar consultas. En consecuencia, niños que acuden en busca de atención estarían siendo rechazados. Mientras tanto, en el IMSS y el ISSSTE —según reconocen muchas familias— no existen suficientes subespecialidades pediátricas. Hay pediatras generales, sí. Pero no siempre endocrinólogos pediatras, no siempre odontopediatras, no siempre los especialistas que un tratamiento complejo requiere. La pregunta no es burocrática. Es humana: ¿Qué sucederá con los niños que necesitan seguimiento especializado? ¿Qué pasará con las cirugías programadas que ahora estarían siendo canceladas? ¿Quién asume la responsabilidad de los nuevos trámites, las listas de espera y la eventual subrogación? En salud infantil, el tiempo no es administrativo. Es clínico. También resulta preocupante que, según el propio personal, incluso trabajadores del hospital habrían dejado de recibir atención médica en la institución, salvo —afirman— casos de directivos o personas con influencia. Si esto es cierto, no solo es un problema de acceso: es un problema de equidad. Se señala que la decisión no sería interna, sino derivada de lineamientos de IMSS-Bienestar desde la Ciudad de México. De ser así, la autoridad federal tendría que explicar con claridad el fundamento, el alcance y el plan de transición. Porque una reestructuración sin estrategia pública comunicada genera incertidumbre. Y la incertidumbre, en pediatría, se traduce en riesgo. Hablar de “negligencia criminal” implica una responsabilidad jurídica que solo una investigación formal puede determinar. Pero lo que sí puede afirmarse desde ahora es que cerrar puertas —aunque sea bajo criterios administrativos— sin garantizar alternativas reales, suficientes y especializadas, pone en tensión el derecho a la salud de miles de niños. El discurso oficial habla de universalidad y acceso gratuito. La realidad que describen médicos y familias parece ir en sentido contrario. Si el Hospital Pediátrico de Sinaloa deja de atender a quienes históricamente recibía, el gobierno está obligado a responder tres cosas con precisión: ¿Quién atenderá a esos niños? ¿Dónde? ¿Con qué especialistas? Porque en política pública se pueden mover presupuestos. Lo que no se puede mover sin consecuencias es la vida de un niño…
La gente está muriendo de sarampión en pleno siglo XXI. No estamos en 1910, ni en 1950, estamos en el año 2026. México acumula 29 muertes desde que inició el brote detectado en 2025. Y lo más alarmante no es la cifra en sí, sino el contexto: el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación desde hace décadas. No estamos frente a un virus desconocido ni ante una mutación imparable. Estamos frente a algo mucho más incómodo: fallas en cobertura, prevención y política pública. El brote sigue activo este año, según informes oficiales. Las defunciones ya alcanzan siete estados. Tan solo en lo que va de 2026, se han confirmado tres muertos en Michoacán, Tlaxcala y Durango. Tres muertes que no debieron ocurrir. Durante años, México fue ejemplo regional en esquemas de vacunación. El sarampión había sido prácticamente eliminado por completo. Pero la prevención requiere constancia, presupuesto, logística y confianza pública. Y cuando cualquiera de esos pilares se debilita, el virus encuentra espacio. Aquí no se trata de pánico, sino de responsabilidad. Porque cuando reaparecen enfermedades controladas, no es casualidad: es síntoma. Puede ser baja cobertura en ciertas comunidades, rezagos tras la pandemia, desinformación, fallas en distribución o una combinación de todo lo anterior. Pero el resultado es el mismo: niños y adultos muriendo por algo que el mundo aprendió a evitar hace décadas. El problema no es solo sanitario; es institucional. La prevención rara vez genera aplausos. No inaugura hospitales espectaculares ni produce fotos de emergencia. Funciona en silencio, hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de hacerlo, las consecuencias no son estadísticas abstractas, son ataúdes pequeños. Son familias preguntándose cómo es posible que, en un país con programas nacionales de inmunización, el sarampión vuelva a ser una sentencia. La pregunta no es si el brote será controlado, que debería de serlo. La pregunta es por qué se permitió que regresara. Porque en pleno siglo XXI, morir de sarampión no es mala suerte, es una señal de alerta. Y las alertas no están para maquillarse en conferencia, sino para atenderse antes de que la cifra 29 se convierta en la #30…
En medio del brote de sarampión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los medios no destacar qué alcaldías concentran más casos. La razón: evitar estigmatización y rechazo hacia los habitantes de esas zonas. La frase es políticamente correcta, humanamente comprensible, sanitariamente debatible. “Se va a dar la información”, dijo. Transparencia, sí; etiquetar territorios, no. El problema es que en salud pública la geografía no es chisme, es herramienta. Saber en dónde se concentran los casos no es morbo mediático: es un insumo esencial para orientar brigadas, reforzar vacunación, focalizar campañas y alertar a la población en riesgo. Los brotes no se combaten con discreción política, sino con precisión epidemiológica. Es cierto que ningún barrio merece cargar con estigmas. Ya ocurrió en la pandemia: colonias señaladas, comercios afectados, prejuicios innecesarios. Pero también es cierto que ocultar o diluir información puede generar el efecto contrario: rumores, desinformación y desconfianza. La clave no está en callar datos, sino en contextualizarlos. Decir que una alcaldía concentra más casos no significa culparla. Significa que ahí hay menor cobertura, mayor movilidad, rezagos históricos o condiciones específicas que deben atenderse. El virus no discrimina; se mueve donde encuentra vulnerabilidad. La Organización Mundial de la Salud es clara: para frenar el sarampión se necesita al menos 95% de cobertura con dos dosis. Cuando hay brotes, la estrategia es identificar focos y actuar rápido. Esto implica mapas, cifras y segmentación territorial. Sin esa información pública, la ciudadanía no puede tomar decisiones informadas ni exigir refuerzos donde se necesitan. La preocupación por la estigmatización es legítima, pero la opacidad no es antídoto contra el prejuicio; a veces lo alimenta. En salud pública, la transparencia no es un gesto político, es una obligación técnica. Y la confianza social se construye diciendo la verdad completa, no administrándola con temor a la reacción. Porque si los datos sanitarios empiezan a tratarse como si fueran propaganda, el riesgo no es solo reputacional, es epidemiológico. La pregunta no es si debe evitarse el señalamiento. La pregunta es si el gobierno confía lo suficiente en la ciudadanía como para darle la información completa y explicarla con responsabilidad. El Sarampión no se ofende por aparecer en un mapa, pero si se aprovecha cuando la información circula con cautela política en lugar de urgencia sanitaria. Transparencia con contexto no estigmatiza, lo que estigmatiza es que el brote crezca mientras se discute el cómo contarlo…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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