Por Ricardo Reyes.
En el corazón de la región tequilera de Jalisco, el municipio de Tequila vive un momento definitorio en su historia política reciente. Lo que muchos analistas califican como un punto de inflexión no solo representa la ruptura con una administración cuestionada, sino también un aparente intento de reciclar el poder dentro de las mismas estructuras locales, manteniendo inercias del pasado en medio de una crisis de legitimidad.
El detonante ocurrió a inicios de febrero de 2026, cuando el alcalde Diego Rivera Navarro, militante de Morena y electo en 2024, fue detenido por elementos federales en el marco de la Operación Enjambre. Junto a él cayeron tres funcionarios clave de su gabinete: el director de Seguridad Pública, el de Obras Públicas y el de Catastro. Las acusaciones incluyen delincuencia organizada, extorsión a empresas tequileras y cerveceras, secuestro agravado y presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Rivera Navarro había roto con décadas de alternancia entre PAN y PRI al llegar al poder bajo la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, desde meses atrás surgieron denuncias internas —incluso de regidoras de su propio partido— por presuntos actos de acoso político, extorsión y nexos criminales. Su detención, ejecutada por la FGR, SSPC y fuerzas armadas, ha sido interpretada en columnas de opinión como el fin de un supuesto blindaje a ciertos perfiles dentro de Morena, abriendo la puerta a que políticos de la 4T enfrenten consecuencias reales por colusión con el crimen organizado.
En respuesta inmediata, el cabildo de Tequila —en una sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada el 8 de febrero de 2026— designó como presidenta municipal interina a Lorena Marisol Rodríguez Rivera. La votación (seis a favor, tres en contra y una abstención) generó controversia inmediata: regidoras de oposición y algunos sectores ciudadanos cuestionan su cercanía al círculo del exalcalde detenido, acusándola de ser una continuidad disfrazada más que un cambio genuino. La propia Claudia Sheinbaum señaló que se revisaría su perfil para descartar vínculos indebidos, mientras que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena inició procesos para expulsar al exedil y a uno de sus funcionarios.
Este relevo ha dividido opiniones. Para unos, la caída de Rivera Navarro marca un quiebre valioso en la impunidad histórica de la narcopolítica municipal, enviando un mensaje claro: «nadie está por encima de la ley», como enfatizó la dirigencia morenista en Jalisco. Para otros, la rápida designación de una figura vinculada al mismo grupo político representa un reciclaje del poder, donde el cambio de nombres no altera las redes de influencia ni las prácticas opacas que han permeado el ayuntamiento.
En paralelo, el gobierno estatal —encabezado por Pablo Lemus— anunció una inversión de 500 millones de pesos para 2026 en infraestructura, turismo, educación y reactivación económica, con el objetivo de estabilizar el municipio y recuperar confianza en un destino icónico para México y el mundo. Sin embargo, la sombra de la crisis persiste: ¿es Tequila el inicio de una limpieza profunda en las estructuras locales de poder, o solo un ajuste cosmético que recicla las mismas élites bajo nuevo empaque?
Lo que ocurre en este pequeño pero simbólico municipio podría definir el tono de la política jalisciense y nacional rumbo a los procesos electorales de 2027. Por ahora, Tequila ya no solo produce el espíritu que lleva su nombre: también destila incertidumbre sobre si el poder local logrará, al fin, una verdadera destilación hacia la transparencia y la legalidad.
