Por Javier Zapata.
En un país donde la corrupción se normalizó a fuerza de repetirse a cada momento de las administraciones Federal, Estatal y Municipal, hay señales que ya no deberían pasar desapercibidas. Una de ellas es cuando el patrimonio de un servidor público empieza a cambiar sin explicación, como si fuera un archivo editable y no un documento legal.
Eso es exactamente lo que ocurre cuando una declaración patrimonial reduce su valor, pierde domicilio y reacomoda fechas después de haber sido presentada.
Cuando el patrimonio de un servidor público cambia sin explicación, no es un error administrativo.
Es una alerta pública.
Una propiedad que pasa de más de 32 millones a 3.2 millones no se “ajusta” y “no cuadra”.
Un domicilio que deja de existir para volverse genérico no se “simplifica”.
Una fecha que se mueve no es un “error de captura”. Se alteró el registro.
“Eso tiene un nombre: alteración del registro patrimonial”.
La ley no deja margen a la interpretación: una declaración presentada no se sustituye ni se borra.
Cualquier error se aclara, se justifica y queda asentado.
Lo demás es simulación administrativa. Porque lo hemos visto que si eso lo hace un trabajador o trabajadora se le aplica todo el peso de la Ley!
Una fecha de compra que se mueve no es confusión. Es reacomodo irregular. Un domicilio que antes era claro y después solo dice “México, Nayarit” no se simplifica.Desaparece.
Aquí el problema no es la casa.
El problema es el uso del cargo para maquillar el patrimonio.
Y lo más grave no es quien declara, sino quienes callan.
Porque los regidores no están para aplaudir, están para revisar.
No están para cerrar filas, están para exigir cuentas.
Cuando optan por el silencio, dejan de ser representantes y se convierten en cómplices por omisión.
La opacidad no nace sola.
Se construye con miradas hacia otro lado, con expedientes que no se abren y con discursos de “no pasa nada”.
“Por eso, desde aquí, desde este espacio el llamado es directo y público:
A la Contraloría Municipal, para que revise el expediente completo y determine si hubo alteración indebida de la declaración patrimonial.
Al Órgano Interno de Control, para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, sin simulaciones ni protección política.
A la Auditoría Superior del Estado, para que verifique congruencia patrimonial y evolución de bienes.
Y a los regidores, para que asuman su responsabilidad legal de vigilancia y dejen de comportarse como espectadores mudos y solo calle para recibir el dinero del pueblo como bonificacion por su extraordinaria….. Simulación.
Porque cuando el patrimonio se ajusta sin explicación,
cuando los registros oficiales se reescriben, y cuando las autoridades responsables guardan silencio,
la omisión también se convierte en responsabilidad.
“Aquí no se exige linchamiento.
Se exige legalidad”.
Y si no hay respuesta institucional,
el mensaje será claro:La rendición de cuentas en este gobierno no existe,
solo se edita.
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