SI HABRÁ REPARACIÓN POR ERROR JUDICIAL… QUE TAMBIÉN EXISTA RESPONSABILIDAD PARA QUIENES DESTRUYEN VIDAS.

En México comienza a abrirse un debate que durante décadas permaneció prácticamente intocable.

Por Javier Zapata.

A partir de la iniciativa impulsada por Luis Donaldo Colosio Riojas para reconocer el derecho de las personas a exigir reparación del daño cuando han sido víctimas de un error judicial, surge una discusión necesaria sobre una deuda histórica del sistema de justicia mexicano.

La propuesta representa un avance importante.

Reconocer que el Estado puede equivocarse y que cuando ese error provoca prisión injusta, persecución indebida o una sentencia errónea, debe existir reparación económica para la víctima, constituye sin duda un paso hacia una justicia más responsable.

Pero esa discusión debe ir mucho más allá.

Porque si el país finalmente reconoce que una persona puede perder años de libertad por decisiones equivocadas del propio sistema judicial, entonces resulta indispensable ampliar la conversación y preguntarnos algo que hasta hoy nadie quiere tocar.

¿Quién responde por haber destruido una vida humana?

Porque cuando hablamos de error judicial pareciera que todo se limita a una equivocación técnica dentro de un expediente.

Y no es así.

Detrás de cada persona inocente procesada injustamente existe toda una cadena institucional que participa en la construcción del daño.

Existe quien presenta acusaciones falsas.

Existe quien fabrica denuncias por venganza personal, intereses económicos o conflictos particulares.

Existe quien deliberadamente manipula declaraciones sabiendo que puede activar todo el aparato del Estado para destruir a otro ser humano.

Pero también existen funcionarios públicos que convierten esas acusaciones en procesos formales sin el rigor que exige la ley.

Ministerios Públicos que integran investigaciones deficientes.

Policías investigadores que no corroboran hechos fundamentales.

Peritos que emiten dictámenes cuestionables.

Autoridades que construyen acusaciones sin sustento sólido.

Y en algunos casos, incluso resoluciones judiciales que terminan arrebatando años de libertad a personas que jamás debieron haber sido condenadas.

Años después puede descubrirse la verdad.

Puede demostrarse la inocencia.

Puede reconocerse oficialmente que el sistema se equivocó.

Puede ordenarse una indemnización económica.

Pero existe algo que jamás podrá ser reparado.

El tiempo perdido.

Nadie devuelve una década en prisión.

Nadie reconstruye una familia destruida por una acusación injusta.

Nadie devuelve la infancia de hijos que crecieron sin un padre o una madre injustamente encarcelados.

Nadie restaura completamente una reputación pública destruida.

Nadie devuelve el daño emocional, psicológico y social que acompaña a quien fue convertido injustamente en culpable.

Por eso la iniciativa que hoy pone sobre la mesa el senador Colosio merece ampliarse y fortalecerse.

Si México va a reconocer el derecho a la reparación por error judicial, entonces esa misma reforma debe contemplar también responsabilidades directas para todos aquellos que participaron en la construcción del daño.

Debe sancionarse penalmente a quienes presenten denuncias falsas con intención dolosa.

Debe establecerse responsabilidad administrativa y penal contra funcionarios que integren carpetas de investigación sin sustento suficiente o actúen con negligencia grave.

Debe revisarse la actuación de quienes permitieron que procesos defectuosos avanzaran hasta destruir la libertad de una persona inocente.

Y cuando una sentencia posterior demuestra que alguien fue condenado injustamente, debe existir un mecanismo obligatorio para investigar toda la cadena de decisiones que permitió llegar a esa tragedia institucional.

Porque hoy ocurre algo profundamente absurdo.

Cuando un ciudadano comete un error, el Estado castiga con toda severidad.

Pero cuando el propio Estado destruye injustamente a un ciudadano… simplemente paga una indemnización con recursos públicos.
No paga quien fabricó la denuncia.
No paga quien integró mal la investigación.
No paga quien actuó con negligencia.
No paga quien omitió verificar pruebas.
No paga quien provocó la tragedia.
Paga toda la sociedad.
Y eso no es justicia.

Si el debate abierto por la iniciativa del senador Colosio realmente busca transformar el sistema, entonces no basta con hablar de dinero.

México necesita una reforma que entienda algo elemental.

Existen daños que jamás serán reparados económicamente.

La libertad perdida no regresa.
La dignidad destruida no siempre se reconstruye.
Una familia rota difícilmente vuelve a ser la misma.
El trauma emocional puede acompañar toda la vida.
Y cuando las instituciones destruyen inocentes sin que nadie responda personalmente… lo que existe no es justicia.

Es impunidad institucional legalizada.

Hoy México tiene una oportunidad histórica.

La iniciativa existe.
El debate comenzó.

Ahora corresponde exigir que esa propuesta no solamente repare económicamente a las víctimas del error judicial.

Debe también castigar ejemplarmente a quienes desde la mentira, la negligencia o el abuso institucional participan en la destrucción irreversible de vidas humanas.

Porque cuando la justicia destruye inocentes… la reparación económica jamás será suficiente.

“La verdadera justicia comienza cuando también responde quien causó el daño”.

zapata.nayarit@gmail.com