La Gobernadora de Colima amplía patrimonio; adquirió dos terrenos por más de 2 millones de pesos en un solo día.
Redacción 
Colima (RRC): La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, reportó la adquisición de dos terrenos pagados de contado por un monto conjunto de 2.1 millones de pesos, operaciones realizadas el mismo día, de acuerdo con la información contenida en su más reciente declaración patrimonial.
Según los datos oficiales, ambos predios fueron adquiridos el 5 de agosto de 2025 y se incorporaron al patrimonio de la mandataria estatal, quien además ha reportado en ejercicios anteriores la posesión de diversos bienes inmuebles, entre ellos una residencia valuada en aproximadamente 6.6 millones de pesos.
La información patrimonial ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos y ciudadanos debido a que las adquisiciones ocurrieron en un contexto marcado por las políticas de austeridad promovidas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, cuyos integrantes han sostenido como bandera pública la moderación en el ejercicio del poder y la transparencia sobre el origen de los recursos de los servidores públicos.
De acuerdo con la declaración, los dos terrenos fueron liquidados mediante pago de contado, una modalidad que suele atraer atención pública cuando se trata de funcionarios de alto nivel, debido a la capacidad financiera que implica realizar desembolsos de esta magnitud sin recurrir a créditos o financiamientos.
Aunque la adquisición de bienes por parte de servidores públicos no constituye por sí misma una irregularidad, especialistas en rendición de cuentas señalan que la transparencia patrimonial resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda respecto al origen de los recursos utilizados en este tipo de operaciones.
El patrimonio inmobiliario de la gobernadora colimense ha venido creciendo en los últimos años conforme a lo reportado en sus declaraciones patrimoniales. La incorporación de estos nuevos terrenos se suma a una casa previamente declarada con valor superior a los seis millones de pesos, así como a otros activos registrados en documentos oficiales.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate nacional sobre la congruencia entre el discurso de austeridad gubernamental y el nivel patrimonial de algunos funcionarios públicos, particularmente aquellos emanados de Morena, partido que ha impulsado la narrativa de combate a los privilegios y cercanía con las causas sociales.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el destino específico que tendrán los terrenos adquiridos ni sobre proyectos de desarrollo asociados a dichos inmuebles. Sin embargo, la revelación de estas operaciones ha despertado interés entre sectores ciudadanos que demandan una mayor explicación sobre la evolución patrimonial de los representantes populares y altos funcionarios de gobierno.
La discusión ocurre en un momento en que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública continúan siendo temas prioritarios en la agenda nacional, especialmente cuando se trata de funcionarios que administran recursos públicos y ejercen cargos de alta responsabilidad.
