Ciudad de México (RRC): La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio “N”, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social durante el periodo 2013-2018, por su presunta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, la captura forma parte de una investigación relacionada con una presunta red delictiva que habría desviado recursos públicos del Estado mexicano durante la administración federal pasada.
La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en la colonia Anáhuac, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde fue ejecutado el mandamiento judicial.
Las autoridades informaron que Antonio “N” se desempeñó como coordinador general de Prevención y Readaptación Social entre 2013 y 2018, periodo en el que estuvo bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro “N”.
Durante el operativo, los agentes aseguraron diversas identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.
Tras su captura, el ex funcionario fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez determinará su situación jurídica.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Antonio “N” habría firmado contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales entre 2013 y 2018, periodo en el que presuntamente participó en el desvío de recursos públicos.
La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Antonio “N” deberá ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Asimismo, señaló que durante su detención se le informaron sus derechos y se respetó el debido proceso.

