Uber enfrenta cuestionamientos por reparto de utilidades a trabajadores de plataformas digitales.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
La implementación de la reforma laboral para plataformas digitales ha abierto un nuevo frente de controversia entre empresas tecnológicas y trabajadores, luego de que conductores y repartidores denunciaron que Uber no realizará el reparto de utilidades correspondiente al último ejercicio fiscal, argumentando que opera bajo una nueva razón social.
De acuerdo con representantes de trabajadores de aplicaciones, la empresa informó que no está obligada a cubrir la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), debido a que la entidad jurídica mediante la cual actualmente desarrolla sus operaciones fue constituida para adecuarse al nuevo marco regulatorio derivado de la reforma laboral para plataformas digitales, vigente desde este año.
La postura ha generado inconformidad entre organizaciones laborales, las cuales sostienen que una modificación en la estructura corporativa o en la denominación legal de una empresa no implica necesariamente la desaparición de sus obligaciones laborales, especialmente cuando la actividad económica continúa desarrollándose de manera ininterrumpida.
Especialistas en derecho laboral señalaron que el eje de la controversia será determinar si la compañía puede ser considerada una empresa de reciente creación únicamente por haber adoptado una nueva figura jurídica, pese a mantener la misma operación comercial, tecnológica y de mercado.
Los expertos advirtieron que, en caso de acreditarse la continuidad empresarial, los trabajadores podrían exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes, así como solicitar que las autoridades determinen si existe una misma unidad económica entre las distintas razones sociales vinculadas con la operación de la plataforma.
Asimismo, indicaron que conductores y repartidores cuentan con mecanismos legales para solicitar información relacionada con la situación fiscal de la empresa y promover la intervención de las autoridades laborales competentes, a fin de verificar si existen elementos que justifiquen la exclusión del reparto de utilidades.
El caso se perfila como una de las primeras pruebas jurídicas relevantes derivadas de la reforma laboral para plataformas digitales en México y podría sentar precedentes sobre el alcance de las responsabilidades de las empresas que modificaron su estructura corporativa para ajustarse al nuevo esquema regulatorio.
La resolución de esta controversia podría convertirse en un referente para futuras disputas laborales dentro del sector tecnológico y de plataformas digitales, donde miles de trabajadores se encuentran en proceso de incorporación a los nuevos derechos reconocidos por la legislación mexicana.
