¿CÓMPLICES DEL SILENCIO? LA ALCALDESA DE EL SALTO HUYE DE TRAGEDIA MORTAL EN NAYARIT Y SU GOBIERNO INTENTA ENCUBRIRLA.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
El silencio institucional y las verdades a medias vuelven a resquebrajar la confianza ciudadana, esta vez tras un trágico siniestro vial en Bucerías, Nayarit, que cobró la vida del respetado voceador de periódicos Don Carlos Lizardi. Lo que inicialmente se pretendió encuadrar como un desafortunado percance de tránsito que involucraba a un elemento de la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto, Jalisco en presuntas “labores institucionales”, ha escalado a un escándalo político de proporciones mayúsculas. La dirigencia de Movimiento Ciudadano Jalisco ha decidido romper el pacto de impunidad y, mediante un enérgico comunicado de prensa, ha alzado la voz de manera contundente para exigir cuentas claras. La cúpula partidista fue tajante al señalar que cuando se ocupa un cargo público, la obligación ineludible es hablar de frente a la ciudadanía, denunciando la alarmante opacidad y el intento de manipulación informativa con el que el Gobierno Municipal pretendió manejar la tragedia desde el primer minuto.
El núcleo de la indignación radica en la severa discrepancia entre la narrativa oficial del Ayuntamiento y los testimonios recabados en la escena, un montaje que el propio comunicado de MC Jalisco desmantela con severidad. De acuerdo con el pronunciamiento oficial del partido, existen múltiples registros visuales, fotografías, videos y testimonios irrefutables que sitúan de manera presencial a la alcaldesa de El Salto en el lugar y momento exacto en que la camioneta oficial de la corporación vial embistió al trabajador. No obstante, la primera postura gubernamental omitió deliberadamente cualquier mención sobre la mandataria. El reclamo político es demoledor: MC Jalisco denuncia abiertamente que la funcionaria huyó de la escena con una actitud de «soberbia y cobardía», abandonando tanto a la víctima mortal como a los miembros de su propio equipo de trabajo para que ellos resolvieran el problema con las autoridades y pusieran la cara por ella.
Esta simulación institucional y la falta absoluta de empatía han encendido las alarmas sobre el uso discrecional de los recursos públicos. Resulta imperativo cuestionar bajo qué justificación legal y ética una comitiva de seguridad de El Salto operaba activamente en el vecino estado de Nayarit. En su comunicado, la dirigencia de Movimiento Ciudadano Jalisco enfatiza que «la verdad no tiene colores ni partidos», un duro golpe político que evidencia que ni dentro de sus propias filas se tolera el encubrimiento de un hecho de esta gravedad. Si bien el ayuntamiento emitió una postura posterior para intentar calmar las aguas, la intervención del partido naranja deja claro que el gesto es insuficiente y tardío; la ciudadanía y el propio espectro político exigen saber con precisión qué hacían estos funcionarios en una zona turística y por qué se orquestó un cerco informativo para proteger a la alcaldesa.
La crisis de credibilidad que hoy enfrenta la administración de El Salto sienta un alarmante precedente sobre la rendición de cuentas en el servicio público. Tal como subraya la postura crítica de MC Jalisco, las situaciones difíciles o los accidentes que la vida presenta no definen a los gobernantes, pero la forma de reaccionar ante ellos, con honestidad o con evasivas, sí desnuda su calidad moral y su templanza para asumir las consecuencias de sus actos de manera responsable y transparente. Ocultar información relevante en un caso donde se pierde una vida humana fractura cualquier principio de legalidad. Las fiscalías correspondientes están obligadas a actuar con total autonomía, sin dejarse intimidar por los intentos del gobierno municipal de minimizar el rol de la alcaldesa en el siniestro, garantizando que el peso de la ley caiga sobre los responsables sin importar el cargo que ostenten.
Para la opinión pública regional y de todo el país, el caso de Don Carlos Lizardi se convierte en un doloroso recordatorio del abuso de poder, el influyentismo y el desprecio hacia el ciudadano de a pie. La memoria de un trabajador que perdió la vida mientras realizaba su labor diaria no puede quedar sepultada bajo comunicados oficiales recortados a conveniencia. La exigencia plasmada por Movimiento Ciudadano Jalisco es clara y resuena en todo el estado: el Gobierno de El Salto debe transparentar de inmediato las bitácoras de viaje, explicar detalladamente las supuestas «actividades institucionales» en Nayarit y permitir una aclaración puntual y nítida frente a la sociedad. La justicia para la familia de la víctima no puede ser negociable ni puede esconderse detrás de un escritorio presidencial.
