El feudo del rencor: Dinero sucio, represión y las garras del huachicol en el Nayarit de Navarro Quintero.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
El estado de Nayarit se ha convertido en un auténtico feudo de la arbitrariedad y la venganza política, operado bajo el amparo de la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El mandatario, quien llegó al poder impulsado por la estructura de financiamiento ilegal que tejiera el asesinado empresario Sergio Carmona, ha desatado una cacería humana en contra de todo aquel que disienta de su régimen. Esta maquinaria de persecución, lejos de buscar la justicia, funciona como un instrumento de revancha personal que fractura las instituciones del estado y pisotea los derechos humanos ante el silencio cómplice de los organismos oficiales.
Detrás del aparato represor y del saqueo patrimonial en la entidad se encuentra la sombra de Sergio Carmona, el llamado «Rey del Huachicol». De acuerdo con denuncias públicas vertidas en la plataforma Atypical TE VE, Navarro Quintero forma parte del bloque de gobernadores que recibieron millonarios recursos de procedencia ilícita, triangulados a través de personajes clave de la llamada Cuarta Transformación como Mario Delgado y Ricardo Peralta. No conformes con el financiamiento de la campaña, la estructura de Carmona incrustó en la administración estatal a operadores foráneos, conocidos localmente como «Los Chilangos», quienes actúan como intocables señores feudales, extorsionando y despojando de terrenos a particulares, teniendo a la codiciada zona de Bahía de Banderas como su principal botín económico.
El ejemplo más nítido de esta tiranía es el caso de Luis Manuel Hernández Escobedo, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN). Hernández Escobedo, un líder social que hoy es catalogado abiertamente como un preso político de Navarro Quintero, cumple cinco años bajo prisión preventiva sin que exista una sentencia firme en su contra. En un claro acto de saña institucional y abuso de poder coordinado por el Ejecutivo local, el dirigente fue trasladado de forma arbitraria a un penal de alta seguridad en Guanajuato, incomunicándolo de facto y negando sistemáticamente las solicitudes de visita de defensores de derechos humanos y aliados políticos que buscan constatar su mermado estado de salud.
La perversión jurídica en Nayarit alcanzó niveles de absurdo absoluto la semana pasada. Con 45 años de servicio ininterrumpido en la universidad, Hernández Escobedo tramitó desde prisión la pensión por jubilación que por ley le corresponde, buscando mitigar la asfixia económica que padece su familia. Tras serle concedida legítimamente por la autonomía universitaria, el aparato estatal reaccionó fabricándole una nueva carpeta de investigación por presunto «abuso de autoridad y tráfico de influencias». El atropello no solo violenta el principio de presunción de inocencia, sino que insulta la inteligencia pública: se procesa al reo por ejercer el derecho de petición, mientras se exime de cualquier carga a la autoridad universitaria que otorgó el beneficio.
Esta flagrante manipulación del sistema penal para sepultar la disidencia evoca de inmediato los peores vicios del régimen, como la fabricación de delitos que en su momento sufrieron Alejandra Cuevas y Laura Morán por consigna de la Fiscalía General de la República. Ante el colapso absoluto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, convertida hoy en un florero ornamental del oficialismo, la única vía de contención contra el autoritarismo en Nayarit radica en la presión internacional y la denuncia abierta. El uso faccioso de la ley como garrote político busca infundir el pánico colectivo, pero las voces críticas advierten que no callarán ante un gobernador que persigue a quienes lo ayudaron a encumbrarse, mientras protege a los saqueadores de su gabinete.
La crisis de ingobernabilidad moral en Nayarit exige que la opinión pública nacional ponga la mirada sobre las atrocidades de Navarro Quintero. Exigir la libertad inmediata de Luis Manuel Hernández Escobedo no es solo un acto de solidaridad gremial, sino una defensa urgente del Estado de derecho frente a un gobernante cegado por el coraje y el encono. La advertencia para el mandatario y sus operadores metropolitanos es clara: el poder es transitorio y el «año de Hidalgo» no les garantizará impunidad. Tarde o temprano, la colusión con el dinero del huachicol y las vidas destruidas mediante el linchamiento judicial tendrán que rendir cuentas ante los tribunales verdaderamente independientes.
