ALCALDE DE BAHÍA DE BANDERAS DESPLIEGA RECURSOS HASTA QUINTANA ROO PARA LOCALIZAR A PERIODISTA CRÍTICO.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
El ejercicio del periodismo independiente en México enfrenta un nuevo y preocupante episodio de asimetría de poder. Héctor Javier Santana García, presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, ha enviado a su equipo jurídico a recorrer una distancia de más de 2,150 kilómetros con el fin exclusivo de ubicar el domicilio particular de un reportero en el Estado de Quintana Roo. El argumento formal del ayuntamiento es la entrega de una notificación para ejercer su derecho de réplica respecto a un video que exhibe la problemática de la playa Las Cocinas, en Punta de Mita; sin embargo, este despliegue logístico e institucional ha encendido serias alarmas sobre posibles actos de intimidación y acoso selectivo contra la libertad de expresión.
El documento oficial entregado, fechado el 18 de mayo de 2026 en Valle de Banderas y dirigido al titular del medio digital Informando Caribe, se ampara en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. No obstante, la controversia principal radica en la desproporción de la medida: la utilización de recursos públicos, viáticos y personal municipal para rastrear físicamente el entorno privado de un comunicador asentado en el extremo opuesto del país, en lugar de agotar las vías de contacto digitales o los mecanismos remotos previstos por la propia legislación, proyectando un claro mensaje de persecución y control sobre la crítica ciudadana.
Bajo una estrategia que el afectado describe como un «amarre legal», la solicitud del edil exige la reproducción íntegra y sin alteraciones del texto de réplica en un plazo perentorio de tres días hábiles, bajo el apercibimiento de recurrir a jueces de distrito en Tepic y aplicar sanciones penales o económicas en caso de omisión. Esta maniobra técnica limita de forma temporal la capacidad inmediata de contrarréplica dentro del mismo espacio audiovisual original. Sin embargo, el marco normativo mexicano también faculta a los profesionales de la información a emitir posteriores aclaraciones e investigaciones para evidenciar las imprecisiones conceptuales, contradicciones y presuntas falsedades en las que incurren las autoridades en sus descargos.
Este suceso se contextualiza en medio de una intensa y legítima resistencia civil en Punta de Mita, donde colectivos ciudadanos y activistas como el surfista Pepe Ávila defienden el libre acceso a las playas mexicanas frente al avance del megaproyecto turístico operado por empresas inmobiliarias vinculadas a Grupo DINE y Cantiles de Mita. La movilización social alcanzó su punto más crítico a finales de abril e inicios de mayo de 2026, registrando agresiones físicas, represión con el uso de la fuerza pública y la detención arbitraria de manifestantes que se oponen a las obras de enrocamiento y la construcción de escolleras en la zona federal marítimo-terrestre, un espacio catalogado originalmente con fines exclusivos de protección ambiental y no de urbanización.
La gravedad del conflicto se profundiza debido a las marcadas inconsistencias y contradicciones discursivas del propio ayuntamiento de Bahía de Banderas, el cual autorizó una licencia de construcción con un cobro superior a los 21 millones de pesos a favor del desarrollo turístico, a pesar de las restricciones federales de la Semarnat. Mientras el alcalde Héctor Santana ha salido públicamente a negar la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra los defensores de Playa Las Cocinas —asegurando que su administración respalda las protestas—, registros periodísticos e investigaciones en curso confirman que la Fiscalía de Nayarit sí ha tramitado mandamientos judiciales en contra de los activistas locales, evidenciando una estrategia gubernamental de doble discurso que criminaliza la protesta social.
El hostigamiento hacia el reportero quintanarroense establece un drástico contraste sobre las condiciones para ejercer el periodismo en distintas regiones de la República. Mientras que en Quintana Roo se han ventilado y denunciado de manera frontal casos de presunta corrupción en el Imoveqroo, irregularidades legislativas y los impactos ambientales de proyectos hoteleros en Mahahual desde 2024 —manteniendo un debate público ríspido pero sin que el Ejecutivo estatal o municipal derive en el rastreo domiciliario de comunicadores—, la administración de Bahía de Banderas sienta un peligroso precedente restrictivo, donde cuestionar la política costera y los intereses empresariales en Nayarit se traduce en una fiscalización de la vida privada de la prensa.
Ante el evidente riesgo que implica que un gobernante dedique infraestructura y recursos municipales para mapear residencias particulares de periodistas, el afectado ya ha solicitado formalmente los protocolos de seguridad y las medidas de protección correspondientes ante las instancias federales encargadas de resguardar a los comunicadores. La libertad de prensa no puede quedar sujeta al arbitrio o al uso faccioso de las herramientas jurídicas de un ayuntamiento; el derecho de réplica es un instrumento democrático para la aclaración de datos, pero su utilización como mecanismo de geolocalización y amago judicial representa un retroceso institucional que debe ser plenamente fiscalizado por los organismos internacionales de derechos humanos.
