Navarro Quintero posa en Marakame mientras persisten denuncias de corrupción al interior del instituto.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
En lo que parece más un ejercicio de imagen que una respuesta concreta a la crisis de adicciones en la entidad, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero visitó las instalaciones del Instituto Marakame, donde aseguró haber convivido “de manera cercana” con pacientes y personal, destacando un supuesto “momento de confianza, respeto y acompañamiento”.
El mandatario, de profesión médico, utilizó el recorrido para reconocer el “esfuerzo humano” del personal y prometer que su gobierno seguirá “fortaleciendo acciones” para reconstruir vidas y familias. Sin embargo, estas declaraciones contrastan fuertemente con la realidad que enfrentan las y los nayaritas: un incremento sostenido en el consumo de drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas, que afecta incluso a menores de edad, y con las persistentes denuncias de irregularidades y corrupción al interior del propio Marakame.
A pesar de la narrativa oficial, el Instituto Marakame ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción. Destacan acusaciones contra exdirectivos, incluyendo a la doctora Dinorah Partida Camacho, a quien se le ha relacionado con prácticas de nepotismo: contratación de familiares (como sobrinas), asignación de contratos a cuñados y otros parientes, uso indebido del vehículo oficial y gastos excesivos en gasolina, entre otras irregularidades.
Estas denuncias, que han sido publicadas por comunicadores locales, revelan que intentos de denuncia interna habrían sido silenciados desde altas esferas del gobierno estatal. Lejos de transparentar el uso de recursos públicos destinados a la rehabilitación, el instituto acumula cuestionamientos sobre su operación real y la efectividad de los programas que supuestamente atienden a las personas en proceso de recuperación.
Mientras el gobernador habla de “sensibilidad y cercanía”, las estadísticas locales muestran que el problema de las adicciones no solo persiste, sino que se agrava en comunidades rurales, indígenas y entre la población joven. No se han presentado indicadores claros de reducción en consumo, recaídas o ampliación real de cobertura de servicios de rehabilitación de calidad.
La visita de Navarro Quintero a Marakame se percibe, para amplios sectores de la población, como un acto protocolario y mediático más que como parte de una estrategia integral y efectiva contra las adicciones. Promesas de “reconstruir entornos más sanos” suenan huecas cuando el propio centro destinado a este fin arrastra sombras de corrupción y falta de transparencia.
Las y los nayaritas afectados por las adicciones, así como sus familias, merecen mucho más que recorridos publicitarios y discursos emotivos. Exigen recursos bien aplicados, resultados verificables y, sobre todo, honestidad en el manejo de las instituciones que supuestamente están para servirles.
