Puerto Vallarta: Gerente de Prosperidad Económica firma convenio de pago tras ser exhibido por evadir impuestos de su restaurante.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Juan Pablo Martínez Torres, actual gerente de Prosperidad y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta, se vio obligado a firmar un convenio de regularización fiscal con la Tesorería Municipal tras revelarse que su restaurante, denominado «Basilio», operaba sin el pago correspondiente de su permiso de giro restringido para la venta de alcohol. El acuerdo se concretó luego de que la situación irregular del funcionario fuera expuesta públicamente en el pleno del Ayuntamiento, obligando a las autoridades a intervenir en un caso que ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos sobre la congruencia y la ética dentro de la actual administración local.
El esquema de omisión fiscal se destapó formalmente durante la sesión ordinaria de cabildo de la semana pasada, cuando la regidora Melisa Madero presentó las pruebas que demostraban el impago. De acuerdo con los datos recabados, el establecimiento de Martínez Torres contaba únicamente con una licencia de funcionamiento comercial estándar —cuyo costo oscila en los 5 mil pesos anuales—, pero carecía de los refrendos obligatorios para el expendio de bebidas alcohólicas en botella abierta o cerrada. La fiscalización interna determinó que el funcionario tramitó el permiso original, pero dejó de cubrir los derechos municipales correspondientes desde el año 2023 hasta la fecha.
La deuda acumulada por el restaurante «Basilio» asciende a un estimado de 280 mil pesos, calculando un costo aproximado de 70 mil pesos anuales por las cuatro anualidades vencidas que comprenden el periodo de 2023 a 2026. La revelación ha desatado duras críticas debido al perfil público del infractor; en 2023, Martínez Torres se desempeñaba como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, y en 2024 asumió la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Sectores civiles señalan la contradicción de que, mientras encabezaba las cúpulas empresariales que exigen estado de derecho, omitía el pago de sus propios impuestos locales.
Tras el impacto de la denuncia pública en el cabildo, donde inicialmente imperó el silencio entre los ediles, el implicado acudió a las oficinas de la Tesorería Municipal el pasado 14 de mayo para formalizar el convenio de pago. Aunque el Ayuntamiento otorgó un permiso provisional para que el negocio continúe con la venta de alcohol mientras se liquida el adeudo, los detalles específicos del convenio —como las parcialidades y el monto exacto de las deducciones o condonaciones de multas aplicadas al gerente— se han mantenido bajo reserva por parte de las autoridades financieras del municipio.
Por su parte, el presidente municipal, Luis Munguía, abordó la problemática en un encuentro con medios de comunicación locales, declarando que ha girado instrucciones precisas a la Dirección de Padrón y Licencias para que se ejecute una revisión exhaustiva y general de los permisos comerciales en la ciudad. No obstante, el primer edil evitó pronunciarse sobre posibles sanciones administrativas o la remoción del funcionario, confirmando que Juan Pablo Martínez Torres se mantendrá al frente de la gerencia de Prosperidad y Desarrollo Económico, un área cuya naturaleza contrasta directamente con el historial de morosidad de su titular.
El caso continúa bajo el escrutinio de la opinión pública vallartense, que demanda total transparencia respecto a los términos del beneficio fiscal concedido al funcionario. La discusión en la prensa local y los círculos políticos se centra ahora en el presunto conflicto de interés y en la urgencia de que los criterios de fiscalización se apliquen de manera equitativa, evitando tratos preferenciales o dinámicas de impunidad para los miembros del gabinete municipal en funciones.
