Indolencia y omisión estatal: El binomio Huizar-Cordero que sepulta los derechos de los migrantes LGBT+ nayaritas en Estados Unidos.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
La migración nayarita hacia los Estados Unidos ha sido reducida históricamente por el aparato gubernamental a una mera fuente de recaudación de remesas, administrada bajo una visión burocrática, rancia e incompleta que ignora intencionalmente la movilidad humana de la diversidad sexual. En Nayarit, las dinámicas de la comunidad LGBTQ+ en el extranjero permanecen en el abandono institucional absoluto por parte de un Poder Ejecutivo paralizado. Mientras las oficinas encargadas de la política migratoria local operan con una preocupante insensibilidad y apatía, en el Poder Legislativo se ha tenido que abrir una agenda en solitario: el diputado Flavio Obdulio Fonseca Robles, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el único integrante del Congreso del Estado que empuja reformas legales para dar visibilidad y protección a los derechos de este colectivo vulnerable en el exterior, exhibiendo la enorme brecha entre la labor parlamentaria y la inacción gubernamental.
Este esfuerzo legislativo choca de frente y de forma alarmante con la simulación institucional que impera en las dependencias estatales directamente obligadas a proteger a los connacionales. Activistas y defensores de los derechos humanos denuncian una total inoperancia por parte de la Lic. Analine Elizabeth Huizar Pérez y de Salvador Omar Cordero Hernández, titulares de la Oficina del Instituto de Atención a Migrantes en Nayarit. Resulta paradójico e indefendible que Cordero Hernández, habiendo ocupado previamente la Secretaría Ejecutiva del Consejo Provincial para la Inclusión y Bienestar de las Personas con Discapacidad —donde supuestamente defendía la inclusión—, encabece hoy, junto a Huizar Pérez, una gestión que ejerce una violencia institucional por omisión, dando la espalda por completo a las necesidades de la comunidad LGBT+ radicada en la Unión Americana, sin haber diseñado en todo su periodo una sola ventanilla de atención o canal de protección consular específico.
La inoperancia y falta de voluntad del binomio Huizar-Cordero se vuelve un acto de negligencia política ante el severo vacío estadístico que borra a esta población de los registros oficiales. Ni el Censo de Población de los Estados Unidos (US Census Bureau) ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vinculan en sus padrones las variables de entidad de origen con la de orientación sexual o identidad de género. Esta «invisibilidad estadística» ha sido utilizada históricamente de forma cómoda por la burocracia estatal, y particularmente por la gestión de Huizar Pérez y Cordero Hernández, como el pretexto perfecto para justificar la total ausencia de presupuestos, programas de salud transfronteriza, identidad legal o políticas de retorno seguro, prefiriendo ignorar el problema antes que arrastrar el lápiz para solucionarlo.
A falta de un padrón oficial que los burócratas del Instituto de Atención a Migrantes han sido incapaces de estructurar, las proyecciones y los análisis demográficos revelan la magnitud del sector que esta administración ha decidido condenar al olvido. Con base en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), se estima que el 4.8% de la población de Nayarit pertenece al colectivo LGBTQ+. Al trasladar esta proporción a la diáspora nayarita en los Estados Unidos —calculada entre 400,000 y 500,000 personas concentradas en estados como California, Texas e Illinois— se proyecta que entre 20,000 y 25,000 nayaritas de la diversidad sexual viven en el extranjero en condiciones de extrema desprotección, aportando al desarrollo de su estado natal sin recibir un solo gramo de atención por parte de las oficinas que dirigen los funcionarios señalados.
Esta cruda realidad de abandono gubernamental ha sido documentada a fondo por la academia local mediante investigaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Los estudios de género y migración de la máxima casa de estudios señalan de manera contundente que el grueso de la migración mexicana se inserta en sectores de alta exigencia física y entornos marcadamente heteronormados, como la construcción o los servicios. En estos espacios, el acoso y la violencia por homofobia o transfobia obligan a los migrantes al aislamiento o a ocultar su identidad para sobrevivir económicamente, una problemática documentada rigurosamente por la UAN que tanto Analine Huizar como Omar Cordero ignoran sistemáticamente en sus planes de trabajo anuales, demostrando que para ellos la investigación científica no tiene valor operativo.
Es ante este escenario de flagrante desinterés del Ejecutivo y de la inacción cómplice del resto de las fuerzas políticas que el diputado Flavio Fonseca Robles, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, ha impulsado una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 18 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. La reforma busca obligar legalmente a la estructura del Estado a reconocer y conceptualizar la «inclusión y diversidad sexual migrante», forzando a reaccionar a una estructura gubernamental que prefiere evadir sus responsabilidades. De manera paralela, Fonseca Robles estructura un convenio de colaboración técnica entre el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) y la comisión legislativa que preside, con el fin de garantizar que el voto en el extranjero y las acciones afirmativas respeten plenamente la identidad de género de los votantes nayaritas en EE. UU., asumiendo desde el Congreso las tareas de vinculación internacional que el Instituto de Atención a Migrantes simplemente desechó.
Finalmente, el éxito de esta urgente agenda de inclusión ya no depende de la nula voluntad de los funcionarios omisos del Instituto de Atención a Migrantes, sino de la presión ciudadana para que el Pleno del Congreso apruebe las reformas presentadas. Mientras la oficina controlada por Analine Huizar y Omar Cordero continúe operando como un elefante blanco decorativo, ajeno a los dolores de la diversidad en el extranjero, las iniciativas del legislador del PVEM representan la única vía legal para desmantelar la simulación. El reto actual exige que el Estado deje de usar a los migrantes como meras estadísticas de remesas y empiece a castigar la indolencia de los funcionarios públicos que, cobrando del erario, deciden invisibilizar a miles de nayaritas por su orientación sexual o identidad de género.
