Redacción 
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Por Ricardo Reyes.
México enfrenta una de las crisis humanitarias más complejas de su historia reciente: miles de cuerpos permanecen sin identificar en servicios médicos forenses, fosas comunes y centros de resguardo en distintas entidades del país, mientras miles de familias continúan la búsqueda de sus seres queridos sin respuestas claras.
La problemática, estrechamente vinculada con la violencia, desapariciones y las limitaciones institucionales para el procesamiento forense, ha convertido a los servicios periciales en espacios rebasados por la magnitud del fenómeno. Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado durante años la acumulación de restos humanos y cuerpos sin nombre que permanecen a la espera de una identificación.
Especialistas advierten que la falta de infraestructura adecuada, insuficiencia de personal especializado y retrasos en el procesamiento genético han generado un rezago que afecta directamente a miles de familias mexicanas. Detrás de cada expediente existe una historia inconclusa y una familia que continúa esperando conocer el destino de un ser querido.
Colectivos de madres buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer los sistemas de identificación humana, ampliar los bancos genéticos y mejorar la coordinación entre autoridades estatales y federales para acelerar los procesos.
La crisis no se limita únicamente a cifras o estadísticas; representa una herida social que permanece abierta. Mientras continúan las labores de búsqueda y reconocimiento, miles de personas siguen siendo únicamente registros anónimos en archivos forenses, sin nombre, sin identidad y sin regresar aún a sus hogares.
Diversos sectores han señalado que el desafío para el Estado mexicano no solo implica localizar a las personas desaparecidas, sino también devolver identidad a quienes aún permanecen en el anonimato, una tarea que continúa siendo una deuda pendiente para el país.
