Por Ricardo Reyes.
En un acto que busca proyectar avances en infraestructura y apoyo social, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y su esposa, la presidenta del Sistema DIF estatal, Beatriz Estrada Martínez, entregaron una rehabilitación de puente vehicular y créditos a emprendedores en Tepic. Sin embargo, la noticia oficial de una inversión superior a 9.6 millones de pesos —que incluye 6.2 millones para el puente en el cruce de las calles Zaragoza y Trabajo en la colonia H. Casas, más apoyos a 86 familias— contrasta con el deterioro en la percepción pública de su administración y persistentes cuestionamientos sobre la efectividad y transparencia de estas acciones.
La obra del puente, presentada como solución a problemas de movilidad y seguridad, llega tras años de quejas vecinales por el mal estado de la infraestructura vial en la zona, incluyendo interrupciones en trabajos previos atribuidas a falta de presupuesto. Aunque se anuncian mejoras como banquetas rehabilitadas, drenaje pluvial renovado, empedrado y luminarias solares, no hay evidencia clara de que esta intervención resuelva de fondo las demandas históricas de los habitantes de colonias marginadas, donde el deterioro urbano persiste pese a múltiples anuncios gubernamentales similares.
Por otro lado, los apoyos económicos —67 créditos por 2.16 millones de pesos a través de programas como Nayarit Joven, Mujer Nayar y Hermanando Nayarit, más 10 créditos a cero intereses para transportistas afectados y nueve del programa Reconecta con la Paz— se promocionan como impulso al autoempleo y la inclusión social. No obstante, estos montos resultan modestos frente a las necesidades estructurales de la economía nayarita, marcada por altos niveles de informalidad y precariedad. El programa Reconecta con la Paz, enfocado en reinserción de jóvenes, ha sido criticado en otros estados por su alcance limitado y falta de seguimiento real en la reducción de la violencia, sin que en Nayarit se publiquen indicadores concretos de impacto.
La entrega se produce en un contexto de baja aprobación para Navarro Quintero: diversas encuestas de 2025 y 2026 lo colocan consistentemente entre los gobernadores peor evaluados del país, con cifras que rondan el 42-52% de aprobación y pérdidas progresivas en su popularidad desde el inicio de su gestión. Su administración ha enfrentado señalamientos graves de autoritarismo, uso político de la fiscalía local, represión a opositores y denuncias de corrupción en temas inmobiliarios y manejo de recursos públicos, incluyendo acusaciones de redes de influencia y favores políticos. Además, se han documentado tensiones con columnistas y críticos que han sido citados por la Fiscalía tras cuestionar obras o comodatos cuestionables.
Mientras el gobierno estatal celebra estas acciones como generadoras de «movilidad segura, oportunidades productivas e inclusión social», para muchos nayaritas representan gestos aislados y propagandísticos que no compensan la deuda acumulada en materia de seguridad, finanzas públicas sanas ni combate efectivo a la desigualdad. En Tepic y el resto de Nayarit, las familias siguen esperando soluciones estructurales más allá de entregas simbólicas y créditos de bajo monto que, en el mejor de los casos, benefician a un grupo reducido mientras persisten los problemas de fondo.
