Ciudad de México (RRC): Familiares de al menos 92 personas privadas de la libertad —muchas de ellas vinculadas a organizaciones criminales de alto impacto— anunciaron este lunes que iniciarán acciones legales en tribunales mexicanos y ante organismos internacionales para impugnar su traslado a Estados Unidos, ocurrido en tres etapas entre febrero de 2025 y enero de 2026.
Los afectados argumentan que las entregas se realizaron sin seguir el proceso formal de extradición establecido en la legislación mexicana y en el tratado bilateral con Estados Unidos, lo que constituye una violación al debido proceso, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Además, califican la medida como una forma de destierro, figura prohibida expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, acompañados de sus abogados, representantes de algunos de los afectados —incluyendo familiares de Juan Pedro Saldívar Farías, alias ‘El Z-27’ (tercero al mando de Los Zetas), Daniel Menera Sierra e Itiel Palacios García— denunciaron penalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a integrantes del Consejo de Seguridad Nacional por presuntos delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos.
“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro (…) vulnerando garantías fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el principio de legalidad”, declaró Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de ‘El Z-27’, quien llevaba más de una década en prisión en México y estaba en proceso de solicitar beneficios legales que podrían haber resultado en su libertad condicionada.
Los abogados señalaron que esta práctica no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que ha afectado a 92 personas trasladadas en tres rondas masivas:
- Febrero 2025: 29 criminales, incluyendo a Rafael Caro Quintero.
- Agosto 2025: 26 personas, con figuras como Abigael González Valencia (‘El Cuini’) y Servando Gómez (‘La Tuta’).
- Enero 2026: 37 traslados, que elevaron el total a 92.
El gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha justificado estas acciones como medidas de seguridad nacional, argumentando que los enviados representaban un riesgo de fuga, continuidad de operaciones criminales desde prisión o posible liberación mediante amparos o beneficios judiciales. Las entregas se realizaron bajo mecanismos de cooperación bilateral, con el compromiso de que Estados Unidos no solicitaría la pena de muerte para los trasladados.
Sin embargo, los familiares y sus defensores sostienen que no existió mandato judicial que autorizara las transferencias, y que la figura utilizada no está regulada en la legislación mexicana, lo que vulnera tratados internacionales y derechos humanos. Advirtieron que más familiares de personas enviadas —incluidos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y otros grupos— se sumarán a las acciones judiciales en los próximos días.
Expertos consultados por diversos medios han señalado que el mecanismo legal utilizado genera controversia, ya que no se trata de extradiciones tradicionales, sino de traslados sumarios enmarcados en la Ley de Seguridad Nacional y acuerdos bilaterales, en un contexto de presión estadounidense para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas.
Hasta el momento, ni la Presidencia ni la Secretaría de Seguridad han emitido respuesta oficial a la denuncia penal ni a las acusaciones de violación constitucional. El caso podría escalar a instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las próximas semanas.
