Tepic, Nayarit (RRC): Un juez federal ha concedido la suspensión definitiva al notario público número 11 de Tepic, Juan Antonio Echeagaray Becerra, impidiendo cualquier intento por parte de las autoridades estatales de retirarle su patente notarial (fiat), en medio de un proceso penal por presuntos delitos relacionados con falsificación de documentos y fraude.
Echeagaray Becerra, quien también fungió como secretario general de Gobierno en la administración actual de Nayarit entre 2021 y 2023, enfrenta acusaciones por falsificación de certificaciones, formalización y registro de inmuebles, así como fraude específico. Fue detenido a finales de noviembre de 2025, vinculado a proceso el 2 de diciembre del mismo año y liberado poco después bajo medidas cautelares, mientras continúa la investigación complementaria.
El intento de revocación de su patente notarial se deriva de la nueva Ley Notarial de Nayarit, impulsada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que busca combatir redes de corrupción en el sector, particularmente vinculadas a despojos de propiedades durante administraciones anteriores, incluyendo la era del exfiscal Edgar Veytia. Fuentes estatales indicaron que varios notarios, entre ellos Echeagaray, estaban en riesgo de perder su fiat administrativo.
Sin embargo, la resolución federal paraliza de manera definitiva cualquier acción administrativa para retirar la notaría, al menos hasta que se resuelva el fondo del amparo promovido por el afectado. Esta decisión judicial protege el ejercicio profesional de Echeagaray Becerra mientras avanza el proceso penal en el fuero común.
Empresarios y víctimas de presuntos despojos en la Riviera Nayarit han celebrado las acciones contra notarios implicados en irregularidades, aunque algunos sectores han calificado las detenciones como posibles persecuciones políticas.
El gobierno de Nayarit ha manifestado respeto a las decisiones del Poder Judicial, aunque en ocasiones ha expresado desacuerdo con resoluciones específicas. La Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones, con un plazo de tres meses para la etapa complementaria.
Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio por depurar el sistema notarial en la entidad, donde se han detenido a varios fedatarios por delitos similares en los últimos meses.
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