Ciudad de México (RRC): La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso se relaciona con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien falleció el 7 de octubre de 2004 al caer desde el piso 12 del edificio corporativo de la paraestatal, en un incidente clasificado como suicidio.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial para imputar a Casar y a dos personas más por el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal (vigente en 2004). La audiencia se programó para el próximo 16 de diciembre ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Según la acusación, la pensión —de aproximadamente 125 mil pesos mensuales— se habría otorgado de manera indebida, generando un daño patrimonial estimado en más de 31 millones de pesos. El delito no es considerado grave, por lo que, en caso de vinculación a proceso, los imputados podrían enfrentar el juicio en libertad condicional.
El expediente se originó en una denuncia presentada por Pemex en abril de 2024, tras suspender los pagos de la pensión en febrero de ese año. Casar promovió un juicio de amparo que, en junio de 2024, ordenó la restitución de los pagos al considerarla un derecho adquirido. La investigación penal continuó y ahora se judicializa bajo la actual administración de la FGR.
Hasta el momento, no se han difundido declaraciones públicas de María Amparo Casar respecto a esta nueva etapa procesal. El caso ha generado debate sobre posibles motivaciones políticas, dado que MCCI ha publicado investigaciones críticas contra gobiernos anteriores y actuales.
La FGR informó que la acción busca esclarecer las irregularidades en el otorgamiento de beneficios económicos a particulares, en un contexto donde la pensión se concedió poco después del fallecimiento del funcionario.

