Por Ricardo Reyes.
En el panorama político mexicano, la corrupción, los nexos con el crimen organizado y los abusos de poder han llevado a que varios exfuncionarios y figuras públicas enfrenten procesos judiciales.
A pesar de los esfuerzos por combatir la impunidad, algunos permanecen prófugos de la justicia, evadiendo capturas mediante el exilio o refugios en otros países. Según reportes actualizados hasta octubre de 2025, destacan casos de exgobernadores, exdirectores de agencias federales y exdiputados que han huido para evitar enfrentar cargos graves como peculado, tortura, lavado de dinero y vínculos con cárteles.
En este artículo resumo los casos más relevantes, basados en fuentes oficiales, destacando su estatus actual.
Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es uno de los prófugos más notorios. Acusado de tortura contra posibles responsables en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, así como de manipulación de evidencia, Zerón huyó a Israel en 2019.
México emitió una ficha roja de Interpol en 2020, pero Israel, sin tratado de extradición con México, ha rechazado entregarlo, argumentando que se trata de una persecución política. Zerón ha solicitado asilo en ese país, donde reside bajo protección.
A octubre de 2025, sigue prófugo, con el gobierno mexicano insistiendo en su extradición para enfrentar cargos en el caso que ha marcado la historia reciente del país.
Silvano Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021 por el PRD, enfrenta una orden de aprehensión emitida en 2025 por peculado, asociación delictuosa y desvío de más de 3 mil millones de pesos.
Se le acusa de permitir la operación de cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Viagras y Los Caballeros Templarios, incluyendo reuniones con jefes de plaza y protección a grupos armados disfrazados de «guardias comunitarias».
Aureoles ha sido declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía General de la República (FGR), y su paradero es desconocido, aunque se especula que podría estar en Estados Unidos o España. Este caso forma parte de una plataforma que documenta vínculos de políticos con el crimen organizado, destacando su rol en una «gobernanza criminal» durante su mandato.
Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal por Michoacán y exfuncionario municipal, es prófugo desde 2010, cuando se le retiró el fuero constitucional.
Acusado de recibir 25 millones de pesos de La Familia Michoacana para financiar campañas políticas, incluyendo la de su hermano Leonel Godoy (exgobernador de Michoacán 2008-2012), Godoy también enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación delictuosa. Conversaciones grabadas con Servando Gómez «La Tuta», líder del cártel, revelan coordinaciones con autoridades para operaciones criminales.
A 2025, permanece fugitivo, con su caso incluido en listas de políticos vinculados al narco, y no hay avances reportados en su captura.
Andrés Roemer, exembajador de México ante la UNESCO, es buscado por violación, acoso sexual y agresión contra más de 61 mujeres. Prófugo desde 2021, fue detenido en Israel en octubre de 2023 por una ficha roja de Interpol.
Un tribunal israelí lo declaró extraditable en marzo de 2024, pero a octubre de 2025, permanece en prisión domiciliaria en ese país, pendiente de su traslado a México.
Aunque técnicamente detenido, su estatus como prófugo persiste hasta la extradición efectiva, y el caso ha generado controversia internacional por las demoras en el proceso.
Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018 y exdirigente nacional del partido, es considerado prófugo por cargos de corrupción y lavado de dinero relacionados con el caso Odebrecht.
Acusado de recibir sobornos para aprobar la Reforma Energética en 2013, Anaya se autoexilió en Estados Unidos en 2021, donde reside en Nueva York. Aunque ha regresado ocasionalmente a México con fuero temporal como diputado, enfrenta órdenes de aprehensión pendientes.
En 2025, se le describe como un «prófugo con doctorado en cinismo», evadiendo la justicia mientras critica al gobierno actual desde el extranjero.
No todos los políticos acusados permanecen prófugos. Por ejemplo, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue prófugo hasta su detención en Estados Unidos en 2020.
Extraditado en 2022, enfrenta cargos por peculado y desvío de recursos, pero desde julio de 2025 está en libertad condicional con brazalete electrónico, intentando regresar a la política pese a 20 órdenes de aprehensión pendientes.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de «La Barredora», era prófugo hasta su detención en Paraguay en septiembre de 2025, donde fue extraditado a México para enfrentar cargos de secuestro y extorsión.
Estos casos ilustran la persistente batalla contra la corrupción en México, donde políticos de diversos partidos evaden la justicia mediante fugas internacionales.
Plataformas como narcopoliticos.com y reportes de la FGR destacan vínculos con el narco en estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Sin embargo, extradiciones recientes y presiones de Estados Unidos sugieren avances, aunque la impunidad sigue siendo un desafío. En 2025, con listas de políticos bajo escrutinio por nexos criminales circulando en medios, la demanda ciudadana por justicia se intensifica.
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