RRC/Washington:Según un informe de The New York Times del 8 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina, designados como organizaciones terroristas por su administración.
Esta medida permite operaciones militares directas en aguas internacionales y territorio extranjero, marcando una escalada significativa en la lucha contra el narcotráfico, particularmente contra el tráfico de fentanilo. Entre los grupos señalados están seis cárteles mexicanos (Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos), además de la banda venezolana Tren de Aragua, la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Nicolás Maduro, según Washington.
La orden se basa en la designación de estos grupos como organizaciones terroristas, iniciada por Trump en enero de 2025, lo que proporciona una base legal para acciones militares unilaterales.
Sin embargo, no está claro si los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Justicia han emitido opiniones legales sobre la directiva, y expertos advierten que operaciones letales podrían violar leyes estadounidenses contra el asesinato o el derecho internacional si se realizan sin consentimiento de los países afectados. La Casa Blanca, a través de la portavoz Anna Kelly, justificó la medida como una prioridad para «proteger la patria», mientras que el Departamento de Defensa declinó comentar.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enfatizado la cooperación en seguridad con Estados Unidos, pero rechazó cualquier intervención militar en territorio mexicano, insistiendo en el respeto a la soberanía. En abril de 2025, México declinó una propuesta de Trump para permitir operaciones militares estadounidenses en su suelo.
Analistas advierten que esta directiva podría generar tensiones diplomáticas y riesgos legales, especialmente si resulta en bajas civiles, lo que podría interpretarse como violaciones legales o provocar represalias internacionales.

