Por Ricardo Reyes.
A un año de la segunda investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su administración ha transformado radicalmente el sistema de inmigración, cumpliendo en gran medida su promesa de campaña de lanzar «la mayor operación de deportaciones en la historia estadounidense». Sin embargo, los números reales, los impactos económicos y el creciente rechazo público pintan un panorama complejo, con avances en el control fronterizo pero retos en alcanzar metas ambiciosas y críticas por violaciones a derechos humanos.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump ha emitido más de 500 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración, superando las 472 de todo su primer mandato (2017-2021). Estas medidas incluyen la expansión masiva de detenciones, redadas en ciudades y la reasignación de recursos federales, como agentes del FBI y la Guardia Nacional, para enfocarse en la aplicación de leyes migratorias. El Instituto de Políticas Migratorias (MPI) estima que los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han cuadruplicado, mientras que la detención diaria promedio ha duplicado de 39.000 a casi 70.000 personas.
Deportaciones: Cifras Oficiales vs. Realidad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó en diciembre de 2025 que se habían llevado a cabo 622.000 deportaciones desde la toma de posesión de Trump, un número alto pero inferior a los 778.000 del último año fiscal completo de la administración Biden. Además, la Casa Blanca afirma que 1,9 millones de personas han «autodeportado» voluntariamente, posiblemente incentivados por aplicaciones como CBP Home, que ofrece vuelos gratuitos y pagos de 1.000 dólares para regresar a sus países de origen. Sin embargo, estas cifras carecen de datos verificables independientes, y expertos como los del MPI sugieren que incluyen rechazos en fronteras y aeropuertos, no solo remociones interiores.
A pesar de estos logros, la meta de 1 millón de deportaciones anuales –reiterada por el «zar de la frontera» Tom Homan– parece inalcanzable en el corto plazo. Fuentes como Reuters indican que, aunque las deportaciones han aumentado, el ritmo actual proyecta alrededor de 500.000 para 2025, por debajo de las expectativas. El gobierno ha invertido más de 150.000 millones de dólares en fondos adicionales para construir muros, centros de detención y contratar miles de agentes, aprobados en un paquete presupuestario en julio de 2025.
En el frente fronterizo, los cruces irregulares han caído a niveles históricos bajos, similares a los de la década de 1970, gracias a restricciones al asilo y cooperación con México. El DHS destaca que solo nueve inmigrantes irregulares fueron liberados en EE.UU. entre enero y abril de 2025, un 99,9% menos que en el mismo período bajo Biden.
Impactos Económicos y Sociales.
La «máquina de deportaciones» no ha estado exenta de consecuencias. Economistas del Instituto de Política Económica (EPI) proyectan que, si se alcanzaran los 4 millones de deportaciones en cuatro años, se perderían millones de empleos, afectando tanto a inmigrantes como a trabajadores nacidos en EE.UU., especialmente en sectores como la construcción y el cuidado infantil. Un estudio de la Universidad de California estima pérdidas en el PIB de entre 4,2% y 6,8%, equivalentes a 1,1-1,7 billones de dólares, comparables a la Gran Recesión de 2007-2009.
Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ajustó sus proyecciones de crecimiento poblacional a la baja debido a las políticas migratorias, previendo un impacto negativo en el crecimiento económico a largo plazo. Empresas en estados como California y Texas reportan escasez laboral, cierres de negocios y reducciones en el gasto consumidor, exacerbados por redadas que generan miedo entre comunidades inmigrantes.
Desde el punto de vista social, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denuncian tácticas «brutales», incluyendo el uso de bases de datos sensibles, despliegues militares en ciudades y la revocación de protecciones temporales para cientos de miles de haitianos, venezolanos y afganos. Protestas nacionales han surgido en respuesta, y encuestas de CNN muestran que el 52% de los estadounidenses considera que las deportaciones han ido «demasiado lejos», con una caída en la aprobación de Trump en inmigración del 55% al 42% en 2025.
Perspectivas para 2026.
Mientras la administración planea intensificar operaciones con más fondos –hasta 170.000 millones de dólares hasta 2029–, el rechazo público y los desafíos logísticos podrían frenar el impulso. Fuentes como Axios indican que el apoyo a ICE ha caído drásticamente, con propuestas incluso para abolir la agencia. A pesar de ello, Trump mantiene que sus políticas han removido a criminales peligrosos, citando deportaciones de 47.885 acusados de asalto y 2.699 de homicidio.
Un año después, la «máquina de deportaciones» de Trump se ha consolidado como la más expansiva en la historia de EE.UU., pero su sostenibilidad enfrenta pruebas económicas, legales y sociales. Como señala el MPI, este enfoque ha «redefinido las prioridades gubernamentales», priorizando la enforcement sobre otros sectores críticos, con consecuencias que se extenderán más allá de su mandato.
