Ciudad de México (RRC): En un contexto de tensiones bilaterales crecientes, México ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para entregar 249 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, cumpliendo parcialmente con las obligaciones del Tratado de Aguas de 1944. Sin embargo, críticos como el periodista Carlos Loret de Mola lo califican como un acto de «subordinación sin coordinación», argumentando que el gobierno de Claudia Sheinbaum cedió ante las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump, equivaliendo la entrega a 50 días de suministro para la Ciudad de México.
Antecedentes del conflicto hídrico.
El Tratado de Aguas Internacionales de 1944 regula el reparto de recursos hídricos entre ambos países. México debe entregar un mínimo de 2.158 millones de metros cúbicos cada cinco años provenientes de seis afluentes del Río Bravo (o Río Grande), mientras que Estados Unidos suministra 1.850 millones de metros cúbicos anuales del Río Colorado. Este acuerdo permite compensar déficits en periodos de sequía en ciclos posteriores, pero la acumulación de deudas ha generado fricciones recurrentes.
Desde 2020, México ha acumulado un déficit de aproximadamente 986 millones de metros cúbicos debido a sequías extremas en la cuenca del Río Bravo. Las presas clave, como Falcón y La Amistad, operan a niveles críticos (4% y 9% de capacidad, respectivamente), lo que ha limitado las entregas. A pesar de lluvias intensas en 2025, el gobierno mexicano prioriza el consumo humano y agrícola en 13 ciudades fronterizas, argumentando que no puede liberar volúmenes masivos sin riesgos.
Las exigencias de Trump y el acuerdo reciente.
La disputa escaló la semana pasada cuando Trump publicó en redes sociales que México debía pagar al menos 250 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre, amenazando con un arancel del 5% a productos mexicanos si no se cumplía. El mandatario estadounidense acusó a México de incumplir el tratado, causando daños económicos a agricultores y ganaderos en Texas, un estado clave para su base electoral.
Tras cuatro rondas de negociaciones desde abril, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo preliminar el viernes 12 de diciembre. México se comprometió a liberar 249.163 millones de metros cúbicos a partir de hoy, 15 de diciembre, con un plan definitivo a finalizar antes del 31 de enero de 2026. El Departamento de Agricultura de EE.UU., encabezado por Brooke Rollins, celebró el pacto como «justicia» para los productores estadounidenses. En caso de incumplimiento futuro, cada país podrá actuar soberanamente, según el comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
La posición del gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencias de prensa del 10 y 13 de diciembre, enfatizó que México no entregará «agua que no tiene» ni comprometerá el abasto nacional. «No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado, ni tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano», declaró. Explicó que EE.UU. demandaba entregas inmediatas en diciembre, pero se negoció un plazo extendido por limitaciones físicas en los ductos, evitando consecuencias negativas. Sheinbaum reiteró el compromiso con el tratado, pero «conforme a la disponibilidad» y priorizando las necesidades mexicanas.
El encargado para América del Norte en la SRE, Roberto Velasco, agregó que los déficits se deben a sequías, no a negligencia, y que México recibe más agua de la que entrega en total.
Críticas y percepciones de subordinación.
Opositores y analistas ven el acuerdo como una capitulación. En un segmento de su programa en Latinus, Carlos Loret de Mola criticó duramente: «Subordinación sin coordinación. Sheinbaum volvió a ceder ante Trump: le vamos a mandar el equivalente a 50 días de agua en la Ciudad de México». El periodista argumentó que, pese a las afirmaciones de Sheinbaum de no poner en riesgo el consumo nacional, la entrega representa un volumen significativo que podría afectar regiones mexicanas ya vulnerables.
Esta frase invierte el lema oficial de «coordinación sin subordinación» promovido por el gobierno, destacando una percepción de debilidad ante las presiones de Trump. En redes sociales, usuarios y políticos opositores como Pascal Beltrán del Río han ecoado esta visión, citando declaraciones de Trump en la Oficina Oval: «México hace lo que le decimos».
Implicaciones en la agenda bilateral.
Este conflicto suma al agua a una agenda saturada que incluye narcotráfico, migración, comercio y la revisión del T-MEC en 2026, además del Mundial de Fútbol compartido. En México, complica la implementación de la reciente Ley de Aguas, con pronósticos de menor disponibilidad hídrica debido al cambio climático. En EE.UU., fortalece la narrativa de Trump de defender intereses nacionales, potencialmente escalando a sanciones si persisten disputas.
Expertos advierten que, sin inversiones en infraestructura y manejo sostenible, estos ciclos de deuda y tensión se repetirán. Por ahora, el acuerdo evita aranceles inmediatos, pero deja abierta la pregunta: ¿coordinación o subordinación? Y como dijo Paco Ignacio Taibo II “Se la metieron doblada”.
