Ciudad de México (RRC): La empresa Tren Maya, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), registró un incremento significativo en sus pasivos durante 2025. Según datos del estado analítico de deuda y otros pasivos, los adeudos con proveedores y empleados cerraron en septiembre en 2,470 millones de pesos, una cifra 298% mayor (o cuatro veces más) a los 620 millones reportados en enero del mismo año.
Este aumento refleja un deterioro acelerado en la situación financiera del proyecto, inaugurado en diciembre de 2023. Especialistas consultados por diversos medios coinciden en que el Tren Maya gasta mucho más de lo que genera en ingresos, al igual que ocurre con otras empresas estatales como Pemex y CFE. En el primer año de operación completa (2024), los gastos operativos alcanzaron los 2,837 millones de pesos, mientras que los ingresos por boletos y souvenirs apenas sumaron 275 millones, lo que equivale a un subsidio del erario de aproximadamente 10 veces los ingresos propios.
En mayo de 2025, el director general del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, reconoció públicamente que el servicio de pasajeros no es rentable sin subsidios estatales, y enfatizó que el equilibrio financiero dependerá del transporte de carga, previsto para iniciar operaciones en abril de 2026 y buscar autosuficiencia hacia 2030.
A pesar de las dificultades financieras, el gobierno federal ha destacado logros operativos: el Tren Maya superó la meta anual de 1.2 millones de usuarios en 2025, con un promedio de 100 mil pasajeros mensuales en la primera mitad del año. Sin embargo, organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Fundar y Greenpeace han alertado que los subsidios requeridos superan con creces los ingresos propios del proyecto, y que la operación podría depender de apoyos federales durante al menos una década o más.
El área de Comunicación Social del Tren Maya no respondió a solicitudes de información sobre las causas del aumento de la deuda ni sobre la posible necesidad de mayores recursos del erario.
El proyecto, uno de los emblemas del gobierno anterior y continuado por la administración actual, enfrenta críticas por sobrecostos (el total de la obra ronda los 500 mil millones de pesos, muy por encima de las estimaciones iniciales) y por su impacto ambiental y falta de transparencia en datos clave. Analistas coinciden en que el servicio de carga será clave para reducir la dependencia de subsidios y mejorar la rentabilidad a largo plazo.
