Ciudad de México (RRC): El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó categóricamente que la explosión de un vehículo en el municipio de Coahuayana, Michoacán, constituya un acto terrorista, al tiempo que aclaró que no se trató de un «coche bomba» como se reportó inicialmente. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como «La Mañanera del Pueblo», Harfuch enfatizó que la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), se centra en el delito de delincuencia organizada y no descarta ninguna hipótesis en curso.
El incidente ocurrió el sábado 6 de diciembre alrededor de las 12:00 horas locales, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en el centro de Coahuayana, un municipio costero dedicado principalmente a la pesca y la producción de plátano y papaya. La detonación de una camioneta Dodge Ram tipo Dakota, procedente del estado vecino de Colima, dejó un saldo trágico: cinco personas fallecidas —tres policías comunitarios y dos civiles, incluido el presunto conductor— y al menos 12 heridos, según datos preliminares de la FGR. La onda expansiva dañó fachadas cercanas, incluyendo la presidencia municipal, a menos de 100 metros del sitio, y generó pánico entre la población local.
En su intervención, Harfuch respaldó la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, quien confirmó que el vehículo ingresó por la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas y permaneció estacionado en el poblado de San Vicente antes de dirigirse al objetivo. «Los avances corresponden a lo presentado por la Fiscalía de Michoacán el domingo. No fue un coche bomba y no se descartan líneas de investigación», precisó el titular de la SSPC, subrayando la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y la FGR.
La FGR, bajo el mando de Ernestina Godoy, corrigió un comunicado inicial del sábado que había mencionado una investigación por terrorismo, aclarando que la carpeta se abrió por delincuencia organizada. Esta reclasificación generó confusión y críticas de sectores opositores, quienes han calificado el suceso como un «acto terrorista» en medio del debate sobre la escalada de violencia en Michoacán. Fuentes federales indicaron que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), descartando por ahora la intervención de la unidad de terrorismo.
El evento se enmarca en el contexto del «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia», impulsado por el gobierno de Sheinbaum desde noviembre pasado para contener la violencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante las celebraciones del Día de Muertos. A pesar de la presencia de más de 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la entidad, Michoacán sigue siendo un foco rojo por disputas entre grupos criminales como Cárteles Unidos —posiblemente vinculado a la Policía Comunitaria atacada— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mandos locales atribuyeron el ataque al CJNG, aunque las autoridades federales evitan confirmar responsabilidades para no entorpecer la pesquisa.
La presidenta Sheinbaum, visiblemente consternada, reiteró su compromiso con la pacificación de la región y anunció que en las próximas horas se darán avances sobre causas y responsables. «Se espera más información pronto. Reforzaremos la seguridad en Coahuayana para evitar zozobra», afirmó, en sintonía con el llamado a la «sobriedad» del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien instó a no especular y confiar en el Ministerio Público.
Este suceso revive el espectro de atentados con vehículos explosivos en México, un recurso infame del crimen organizado documentado en casos como los de Ciudad Juárez (2010) o Tula, Hidalgo (2024). Expertos en seguridad advierten que tales tácticas, aunque no clasificadas como terrorismo por el gobierno, evidencian la sofisticación de los cárteles y cuestionan la efectividad de las estrategias federales. Mientras tanto, en Coahuayana se mantienen operativos de contención, y la comunidad exige justicia ante el luto que enluta a familias enteras.
La FGR y la SSPC prometen resultados pronto, pero el eco de la explosión resuena como un recordatorio de los desafíos pendientes en la «Cuarta Transformación». México no puede permitirse más silencios en la guerra contra la impunidad.
