Caracas (RRC): El Gobierno de Venezuela elevó este domingo una denuncia formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por lo que calificó como una «violación flagrante de su soberanía» en el espacio aéreo nacional, en respuesta a un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró el cierre total de dicho espacio. La medida, interpretada en Caracas como una «amenaza colonialista», ha escalado las tensiones bilaterales y podría impactar las operaciones aéreas regionales.
El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó sobre la queja presentada ante la OACI, organismo dependiente de la ONU con sede en Montreal, Canadá. En un comunicado oficial difundido por la Cancillería venezolana, el Ejecutivo de Nicolás Maduro repudió «con absoluta contundencia» el anuncio de Trump, emitido el sábado en su red social Truth Social. En ese mensaje, el mandatario estadounidense advirtió a «todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» que consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como «completamente cerrado».
«Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela», reza el texto oficial, firmado por el canciller Yván Gil. El Gobierno bolivariano argumenta que la declaración de Trump representa una «amenaza explícita de uso de la fuerza», prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y viola el Convenio de Chicago de 1944, que establece la «soberanía exclusiva y absoluta» de cada Estado sobre su zona aérea.
Contexto de la escalada: alertas de la FAA y cancelaciones de vuelos.
La denuncia se produce en un contexto de creciente tensión en el Caribe, agravada por una alerta emitida el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. Esta recomendó «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, citando una «situación potencialmente peligrosa» en la zona, posiblemente ligada a acusaciones de narcotráfico y actividades militares. Como consecuencia, varias aerolíneas internacionales –incluidas de Turquía, España, Portugal, Colombia, Brasil y Panamá– han cancelado vuelos hacia y desde Venezuela, generando perjuicios económicos para las empresas y afectando el tráfico en el FIR Maiquetía, la región de información de vuelo controlada por Caracas.
El Gobierno venezolano rechazó que Washington pretenda «amedrentar y presionar» a las aerolíneas bajo un «fraudulento supuesto de control» del espacio aéreo. Además, anunció la suspensión unilateral de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde EE.UU., en el marco del programa «Plan Vuelta a la Patria», que ha facilitado el regreso de miles de connacionales desde febrero de este año. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, reveló que se implementará un «plan especial» para mitigar el impacto del cierre.
Reacciones regionales e internacionales.
La medida de Trump ha generado eco en América Latina. El presidente colombiano Gustavo Petro la calificó de «ilegal» y una violación a la soberanía venezolana, instando a la OACI a intervenir y a las aerolíneas a ignorar «órdenes ilegales». Desde México, el legislador Gerardo Fernández Noroña la describió como «grave», en sintonía con la postura antiimperialista de Caracas. Irán, por su parte, condenó la acción como una «provocación ilegal» que amenaza la aviación internacional.
En el ámbito multilateral, Venezuela llamó a la comunidad internacional, incluyendo gobiernos soberanos, la ONU y otros organismos, a rechazar este «acto inmoral de agresión» que, según Caracas, socava la paz en el Caribe y el norte de Sudamérica. El Ejecutivo bolivariano reiteró que «no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero» y que responderá «con dignidad, legalidad y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo».
Esta no es la primera denuncia de Venezuela contra EE.UU. por presuntas violaciones aéreas. En octubre pasado, Caracas elevó una queja al Consejo de Seguridad de la ONU por la «incursión ilegal» de aviones de combate estadounidenses en su espacio aéreo. Históricamente, tensiones similares han incluido el secuestro de aeronaves venezolanas, como el caso de Emtrasur en 2022, también denunciado ante la OACI.
Analistas consultados advierten que el cierre del espacio aéreo podría ser un preludio a operaciones militares, en un momento en que las relaciones entre Washington y Caracas permanecen congeladas tras el fracaso de diálogos directos. Mientras tanto, el impacto en la conectividad regional y la economía venezolana –ya golpeada por sanciones– se perfila como el principal costo inmediato de esta nueva escalada diplomática. La OACI aún no ha emitido una respuesta oficial a la denuncia venezolana.
