El Fasher, Sudán (RRC): Hace dos décadas, el mundo se conmocionó con el genocidio en esta región sudanesa, donde miles de personas de etnias no árabes como los fur, masalit y zaghawa fueron masacradas por milicias janjaweed respaldadas por el gobierno. Hoy, en 2025, una nueva ola de horror azota El Fasher, la última ciudad bastión del ejército sudanés en Darfur, capturada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) el 26 de octubre. Pero esta vez, la masacre pasa desapercibida: un silencio internacional que condena a millones a la invisibilidad y la muerte.
La caída de El Fasher tras 560 días de asedio no fue una victoria militar, sino el preludio de un infierno. Testimonios de sobrevivientes, recopilados por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, describen ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas y saqueos indiscriminados. En el Hospital Saudí, el único centro médico funcional en la zona, cerca de 500 pacientes, familiares y trabajadores fueron masacrados en una sola noche. «Entraron disparando a quemarropa, matando a heridos en sus camas y secuestrando a doctores», relata un médico anónimo a la ONU, cuya voz tiembla al recordar cómo los combatientes RSF, herederos directos de las janjaweed, convirtieron el hospital en un matadero. Imágenes satelitales del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale revelan fosas comunes cerca de hospitales y mezquitas, con montículos de tierra fresca que ocultan cientos de cuerpos.
El gobernador de Darfur, Minni Minnawi, eleva la cifra a 27.000 muertos en solo tres días: «Es una limpieza étnica planificada, casa por casa, contra los no árabes», denuncia en una entrevista con Middle East Eye. Sobrevivientes como Adam, un residente de El Fasher que escapó de una casa convertida en «banco de sangre» improvisado, hablan de horrores inimaginables: milicianos extrayendo sangre de detenidos –hombres, mujeres e incluso niños– para tratar a sus heridos, mientras los obligaban a cocinar y limpiar bajo amenaza de muerte. «Nos trataban como ganado», susurra Adam, cuya historia se repite en docenas de relatos recopilados por Médicos Sin Fronteras.
Esta no es una guerra aislada, sino el clímax de un conflicto que estalló en abril de 2023 entre las RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), y las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) del general Abdel Fattah al-Burhan. Lo que comenzó como una pugna por el poder ha degenerado en la mayor crisis humanitaria del mundo: 12 millones de desplazados, 25 millones en hambruna aguda y al menos 150.000 muertos, según la ONU. En Darfur y Kordofán, el hambre ha sido declarada oficialmente en El Fasher y Kadugli, con 375.000 personas en condiciones de inanición total. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que 82.000 habitantes de El Fasher han huido a campamentos como Tawila, donde niños mueren de desnutrición a un ritmo de 20 por día, y el cólera y la malaria se propagan sin freno.
La RSF, nacida de las janjaweed –acusadas de genocidio en 2003–, opera con impunidad. Informes de Amnistía Internacional documentan crímenes de guerra: ataques a civiles, destrucción de campamentos como Zamzam (donde murieron 1.500 en abril) y un patrón de violencia étnica que el Departamento de Estado de EE.UU. calificó de genocidio en enero de 2025. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierte de «atrocidades inimaginables»: ejecuciones en masa, reclutamiento de niños y tráfico de personas. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga, pero sus procesos –como la condena en octubre a Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman por crímenes de 2003– avanzan a paso de tortuga.
¿Por qué el mundo ignora esta masacre? Expertos como Alex de Waal, del World Peace Foundation, lo atribuyen a la fatiga global: «Hace 20 años, ‘Save Darfur’ movilizó a celebridades y campus universitarios. Hoy, el conflicto sudanés compite con Gaza, Ucrania y el cambio climático, y pierde». La guerra civil eclipsa la atención, y las RSF reciben apoyo encubierto: armas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y mercenarios colombianos entrenados en Abu Dabi, según France y Human Rights Watch. En X (antes Twitter), denuncias como las de @SudaneseEcho –»UAE mata a sudaneses: #UAESponsorsTerrorism»– acumulan miles de vistas, pero no mueven a la ONU ni a la Unión Africana.
La respuesta internacional es un mosaico de palabras huecas. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las atrocidades el 30 de octubre, pero no impuso sanciones ni abrió corredores humanitarios. UNICEF reporta 260.000 atrapados en El Fasher antes de la caída, con solo 14 camiones de ayuda en tránsito –insuficientes para 21 millones de necesitados. El enviado especial de la ONU, Ramtane Lamamra, viaja a Puerto Sudán y Addis Abeba esta semana para presionar por un diálogo, pero las RSF ignoran treguas, como la de tres meses propuesta en septiembre.
En Tawila, un niño de 11 años camina entre tiendas improvisadas, sosteniendo una lata vacía de comida terapéutica. «Mi padre no volvió del hospital», dice, mientras aviones de carga de los EAU –según rastreos independientes– aterrizan en bases aliadas. La hambruna se extiende, el desplazamiento masivo amenaza con desestabilizar Chad y Sudán del Sur, y el genocidio –confirmado por Washington– sigue su curso.
Darfur clama justicia, no lástima. La CPI debe acelerar investigaciones, la ONU abrir accesos y la comunidad internacional cortar flujos de armas. De lo contrario, esta masacre ignorada no será solo una tragedia sudanesa, sino una mancha eterna en la conciencia global. Como advirtió el asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Chaloka Beyani: «El umbral se ha cruzado; es hora de actuar, o la historia nos juzgará».
