Washington (RRC): El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha detenido a Bruna Caroline Ferreira, una brasileña de 33 años y madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un operativo que resalta las tensiones de la política migratoria de la administración Trump. Ferreira, quien ha residido en Estados Unidos durante más de 26 años, fue arrestada el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, mientras conducía para recoger a su hijo de 11 años en New Hampshire.
Ferreira ingresó al país legalmente en 1998 como menor de edad con una visa de turista B2, que expiró en junio de 1999. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer es una «extranjera indocumentada delincuente» con un arresto previo por sospecha de agresión (battery), aunque no se ha aclarado si resultó en condena. Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana, a más de 2.400 kilómetros de su hogar, a la espera de un proceso de deportación.
El vínculo familiar con Leavitt, la joven de 28 años nombrada secretaria de prensa por el presidente Donald Trump en noviembre de 2024, ha convertido el caso en noticia nacional. Ferreira comparte la custodia compartida de su hijo, Michael Leavitt Jr., con Michael Leavitt, hermano mayor de la portavoz. Fuentes cercanas indican que la pareja estuvo comprometida hace unos 12 años, pero se separó poco después del nacimiento del niño, quien ha vivido principalmente con su padre en New Hampshire. Tanto la familia de Leavitt como la de Ferreira aseguran que no hay contacto entre Bruna y Karoline desde hace muchos años.
Reacciones y controversia legal
El arresto, realizado sin orden judicial según el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, ha desatado críticas. Pomerleau niega que su clienta tenga antecedentes penales y afirma que Ferreira estaba en proceso de obtener la residencia permanente a través de un trámite legal. «Bruna ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta en este país», declaró el letrado a CNN, destacando que la mujer había beneficiado previamente del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), aunque perdió su estatus durante los intentos de la primera administración Trump por eliminarlo.
La familia de Ferreira, a través de su hermana Graziela Dos Santos Rodrigues, lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos legales, que en pocas horas ha recaudado fondos para su defensa. «Bruna fue traída a EE.UU. de niña y su ausencia es especialmente dolorosa para su hijo de 11 años, quien espera que vuelva para las fiestas», escribió Rodrigues en la página, que enfatiza la separación forzada de la madre y el niño.
Michael Leavitt, padre del menor, se negó a hablar ante las cámaras por privacidad, pero expresó a WMUR su preocupación principal: «La seguridad y el bienestar de mi hijo». Por su parte, Karoline Leavitt declinó comentar el caso, y un funcionario de la administración aclaró que la portavoz «no tuvo involucramiento alguno».
Contexto de la ofensiva migratoria
El caso de Ferreira se enmarca en la escalada de deportaciones impulsada por Trump en su segundo mandato, con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al frente. El DHS ha priorizado a «individuos ilegalmente presentes», resultando en miles de arrestos, muchos sin antecedentes graves. En septiembre, ICE reportó 1.400 detenciones solo en Massachusetts, afectando a beneficiarios de DACA y residentes de larga data. Un comunicado del DHS subraya: «Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, todos los indocumentados están sujetos a deportación».
Críticos, como organizaciones de derechos de inmigrantes, argumentan que estas acciones separan familias y violan procesos legales en curso. El abogado Pomerleau denunció el traslado a Luisiana como una «estrategia para complicar la defensa», obligando a litigar a miles de kilómetros de testigos y evidencia.
Mientras Ferreira enfrenta su audiencia de remoción, su historia pone en el foco las contradicciones de una política que toca incluso a figuras cercanas al poder. La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales, pero el caso podría avivar debates sobre la aplicación selectiva de la ley migratoria en un país donde millones viven en la sombra tras décadas de contribución.
