RRC/Rusia; Una Comisión Internacional Investigadora de la ONU ha acusado formalmente a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra en Ucrania, específicamente por el traslado forzoso de población civil en territorios ocupados o en expansión militar.
Esta denuncia se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y representa una escalada en las imputaciones previas, al calificar estas acciones como parte de una política sistemática y planificada contra la población ucraniana.
La comisión, presidida por Erik Mose, detalla que Rusia ha ejecutado ataques coordinados y organizados para infundir terror entre los civiles, obligando a miles a huir de zonas como Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv. Estos actos se clasifican como crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Las fuerzas rusas utilizan drones para observar y perseguir a víctimas en tiempo real, lanzando explosivos contra personas a pie, en vehículos o en infraestructuras civiles. Además, se documentan ataques directos a socorristas, ambulancias y bomberos con marcas distintivas.
En canales de Telegram vinculados a unidades militares rusas han difundido cientos de videos de ejecuciones y heridos civiles, lo que la comisión califica como crimen de guerra por ultrajes contra la dignidad humana.
En lo que va de 2025, las muertes y heridas entre civiles han crecido un 40% respecto a 2024, principalmente por el uso de armas explosivas de largo alcance en áreas pobladas. Esto evidencia una estrategia deliberada para maximizar el impacto en la población no combatiente.
Esta no es la primera vez que la ONU acusa a Rusia de violaciones graves en Ucrania. Informes previos han documentado crímenes de guerra como ejecuciones sumarias, torturas y represión interna.
Organizaciones como Amnistía Internacional ya alertaron en 2022 sobre traslados forzados de civiles, incluyendo niños separados de sus familias, calificándolos como posibles crímenes de lesa humanidad.
La comisión enfatiza que estos actos no son incidentes aislados, sino parte de una política estatal para alterar la demografía en territorios ocupados.
Rusia ha negado consistentemente estas acusaciones, alegando que sus acciones son defensivas y que las evidencias son fabricadas. Sin embargo, la comisión insta a la comunidad internacional a actuar para prevenir más atrocidades.
