“La prueba de fuego para Claudia Sheinbaum: justicia o protección política”.

Por Armando J. García.

En México, el discurso de la llamada transformación enfrenta una de sus encrucijadas más graves. 7 Años de retórica oficial sobre el combate al crimen organizado comienzan a colisionar con una ciudadanía menos tolerante y cada vez más escéptica.

El reciente caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto operador del grupo criminal La Barredora, representa mucho más que un escándalo regional: constituye una prueba estructural para el régimen.

Con el control absoluto de los tres poderes del Estado — Ejecutivo, Legislativo y Judicial — , Morena y el gobierno federal ya no pueden escudarse en obstáculos institucionales ni en enemigos imaginarios. Hoy, cada decisión, cada omisión y cada acto de encubrimiento es el reflejo directo de la voluntad política del oficialismo.

La gran interrogante es si, ante evidencias tan comprometedoras, el gobierno actuará con justicia o con protección.

Lo que está en juego no es de broma, sino el sentido mismo de la legalidad en un país donde el Estado de derecho aún es frágil.

Las experiencias frecuentes deja en claro que Morena, ha instaurado una peligrosa costumbre: cerrar filas ante las acusaciones, deslegitimar a los denunciantes, minimizar los hechos y sobre todo, blindar políticamente a sus cuadros más cuestionados.

Este patrón ya ha debilitado gravemente la credibilidad del proyecto de transformación.

Lejos de representar una ruptura con el pasado, convierte al partido en cómplice sistémico de las estructuras que prometió desmantelar.

Y lo hace, irónicamente, en nombre de la “lealtad partidaria y la soberanía”.

Bajo ese pretexto, se encubren redes de protección, se reciclan figuras señaladas y se perpetúa una cultura de impunidad que, lejos de haber sido erradicada, hoy opera con nuevos ropajes.

La detención de personajes de bajo perfil no satisface la demanda social. México no necesita simulacros de justicia, ni espectáculos mediáticos diseñados para distraer.

Esto no es una persecución política; es, o por lo menos debería ser justicia. Y en una democracia real, la justicia no tiene filiación partidista, ni debe utilizarse como herramienta para proteger intereses de grupo.

Todo esto cobra aún mayor relevancia ante un discurso oficial que insiste, una y otra vez, en que según “ellos” el gobierno actual, la presidente y el partido en el gobierno, son la solución, la salvación y la única vía posible para el país.

Una narrativa de superioridad moral que se derrumba cuando los hechos revelan lo contrario: que las viejas prácticas siguen vivas, y que las estructuras de poder continúan blindándose a sí mismas.

México vive un momento crítico. La violencia estructural, la desconfianza en las instituciones y la polarización social, esto no es un cuento de novela, es el síntomas de una enfermedad más profunda: la captura del Estado por élites que operan bajo lógicas de clan, no bajo principios de Estado de derecho.

Si Morena realmente aspira a trascender como fuerza de transformación y no como simple relevo para permanecer en el poder, debe romper con su propia lógica interna de encubrimiento.

Debe demostrar que puede gobernar con principios, no con pactos de impunidad.

Las piezas de ajedrez están sobre la mesa. Y lo que se disputa no es la reputación de un partido político, sino la legitimidad de todo un sistema y de una nación.

O se impone la ley, sin matices ni excepciones, o se confirma lo que muchos ya temen: que México no tiene un gobierno, sino un clan que se protege a sí mismo y que solo se mueve en una cacería de brujas. 

Bajo este escenario queda la pregunta incómoda: ¿la presidente Claudia Sheinbaum tendrá la voluntad de llamar a López Obrador, como presunto involucrado en los temas de corrupción y de huachicol, considerando que él mismo afirmó que toda la corrupción del país pasaba por el visto bueno del presidente de la República?