Según fuentes, en febrero de 2025, la Casa Blanca emitió un comunicado señalando una “alianza intolerable” entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga, acusando a México de proporcionar refugios seguros para la fabricación y tráfico de narcóticos, especialmente fentanilo, que ha contribuido a la muerte de cientos de miles de estadounidenses. Esta retórica se intensificó con la administración de Donald Trump, quien ha amenazado con aranceles del 25% a productos mexicanos hasta que México coopere más en la lucha antidrogas y ha propuesto designar a cárteles como organizaciones terroristas, lo que podría justificar intervenciones directas en territorio mexicano.
Por el lado mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido con indignación, defendiendo la soberanía nacional y negando las acusaciones de ser un “narcogobierno”. Sin embargo, críticos en México y EE.UU. argumentan que la política de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador fortaleció a los cárteles al reducir la confrontación directa, y que la actual administración no ha mostrado acciones contundentes contra el narcotráfico. Por ejemplo, se reporta que durante el sexenio de AMLO, los homicidios dolosos superaron los 200,000, y el fentanilo se convirtió en un problema crítico en ambos países.
No obstante, el gobierno mexicano ha destacado esfuerzos recientes, como el aseguramiento de 154 toneladas de droga y la detención de más de 20,000 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y abril de 2025, además de la extradición de 29 acusados de narcotráfico a EE.UU., incluyendo a Rafael Caro Quintero. Estas acciones buscan contrarrestar la percepción de inactividad, pero persisten las dudas sobre su impacto real, dado que líderes clave de cárteles como Nemesio Oseguera “El Mencho” siguen prófugos.
La situación es compleja porque el narcotráfico es un problema transnacional. EE.UU. critica a México, pero los cárteles dependen del mercado estadounidense de drogas y del flujo de armas desde el norte. Además, algunos analistas mexicanos exigen que EE.UU. presente pruebas concretas de la supuesta complicidad gubernamental, en lugar de acusaciones generales que afectan la imagen de México y justifican políticas punitivas.
En resumen, las acusaciones de EE.UU. reflejan una estrategia de presión política y económica, pero carecen de evidencia pública específica que vincule directamente al gobierno mexicano con los cárteles. México enfrenta el desafío de combatir el narcotráfico sin ceder soberanía, mientras la retórica de “narcogobierno” alimenta tensiones bilaterales. Para un análisis más profundo, sería crucial que EE.UU. transparentara sus pruebas y que México demostrara resultados sostenibles en seguridad.
