Por. Armando J Garcia: México atraviesa una crisis profunda: no solamente en la economía, la seguridad o la política, sino en algo aún más grave: la resignación social ante la mediocridad. Cuando un exfutbolista con apenas unos años de experiencia como empleado en notarías públicas —sin haber litigado, sin haber impartido justicia, sin formación sólida en derecho constitucional ni jurisprudencia— es una de las propuestas del oficialismo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, no estamos ante una anécdota absurda: estamos presenciando la descomposición institucional en su máxima expresión.
Nos quieren convencer de que cualquier “licenciado” puede ser juez, magistrado o garante del Estado de derecho, aunque su única preparación haya sido rellenar escrituras y captar clientes en notarías. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el acceso al poder depende más de los contactos que del conocimiento? Lo que está en juego no es un puesto: es la justicia que se impartirá (o no) en cada estado del país en México.
¿Y qué pasa con los verdaderos juristas? ¿Dónde quedan los que dedican su vida al estudio y práctica del Derecho?
Tomemos un ejemplo real: un Licenciado en Derecho, constitucionalista, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurisdiccional federal, con decenas de sentencias elaboradas, con participación en más de 50 tesis y jurisprudencias publicadas oficialmente en el Semanario Judicial de la Federación, y que incluso ha sustituido a magistrados en funciones clave.
¿Quién representa mejor al ciudadano que exige justicia? ¿El exfutbolista con cédula reciente o el profesional con dos décadas de práctica judicial?
Los mexicanos dicen que ya no quieren shows ni simulaciones. Quieren certeza, justicia, honestidad y preparación. Quieren que los jueces no sean amigos del poder, sino garantes del equilibrio frente al poder.
El país no pide “caras nuevas” si traen viejas mañas. Pide dignidad profesional y responsabilidad pública.
Estamos presenciando una estrategia peligrosa: la sustitución del mérito por la obediencia, del conocimiento por la conveniencia. Se privilegia a aliados improvisados, sin preparación, e incluso con vínculos oscuros, sobre perfiles con años de experiencia.
El caso de Quintana Roo es revelador: en la lista de aspirantes a magistraturas aparece hasta un exfutbolista. Como si no bastara ya con tener a Cuauhtémoc Blanco en la política nacional.
Este fenómeno no es aislado, es sistemático. Se repite en cada rincón del país. Pero lo más alarmante no es solo la imposición de lacayos disfrazados de jueces, sino la manera en que se pretende silenciar el tema.
Mientras se entrega el Poder Judicial a operadores sin ética ni formación, el gobierno lanza una cortina de humo eficaz: el FOBAPROA.
Sí, el mismo Fobaproa que devastó a México en los 90. Hoy, convertido en un señuelo emocional, útil para reavivar el odio y desviar la atención. Pero hay una diferencia: muchos de los responsables de aquel saqueo ahora están en el poder, protegidos, reinsertados, purificados por conveniencia.
Hablar hoy del Fobaproa sin limpiar la casa propia es una hipocresía monumental. Utilizarlo como argumento político mientras se perpetúa la misma lógica de impunidad, es cinismo. Y lo más grave es que esta táctica funciona. Alimentar pasiones, inventar enemigos, inflamar el resentimiento… todo, para esconder una verdad brutal: se están robando el Estado de derecho en silencio.
La pregunta no es solo quiénes están detrás de estas listas, si no cuántos ciudadanos están dispuestos a mirar hacia otro lado.
Porque si no exigimos transparencia, si no rompemos la complicidad del silencio, el costo no será solo institucional: será histórico.
¿Confiarías en esa persona para resolver un juicio en el que te juegas tu libertad, tu patrimonio o la vida de tu familia?
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