La «guerra contra el huachicol» en México, iniciada en diciembre de 2018 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), buscaba combatir el robo y venta ilegal de combustibles, un delito que generaba pérdidas millonarias a Petróleos Mexicanos (Pemex) y estaba vinculado al crimen organizado. A continuación, les resumo el desarrollo, logros, críticas y situación actual de esta estrategia, basada en información disponible hasta abril de 2025:
Contexto inicial
- Magnitud del problema: En 2018, el robo de combustible alcanzaba los 60,000-80,000 millones de pesos anuales, con un promedio de 56,000 barriles diarios extraídos ilegalmente. Se identificaron tomas clandestinas (hasta 14,910 en 2018) y colusión interna en Pemex, así como participación de grupos criminales.
- Estrategia: El gobierno implementó el Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos, que incluyó:
- Cierre temporal de ductos para evitar extracciones.
- Transporte de combustible en pipas (camiones cisterna).
- Despliegue de miles de elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional para vigilar ductos e instalaciones de Pemex.
- Investigaciones financieras para congelar cuentas vinculadas al huachicol y combatir el lavado de dinero.
- Auditorías a gasolineras para detectar ventas de combustible robado.
Logros reportados
- Reducción inicial del robo: En 2019, el gobierno afirmó haber reducido el robo de combustible en un 91%, pasando de 56,000 barriles diarios en 2018 a 5,000 en 2019. Para 2020-2021, se reportaron niveles de 2,000-5,000 barriles diarios.
- Ahorros económicos: Entre 2018 y 2022, el gobierno calculó ahorros de 197,292 millones de pesos (unos 165 millones diarios) por la disminución del huachicol.
- Acciones judiciales: Se congelaron 226 cuentas con 925 millones de pesos y 738,000 dólares, se vinculó a proceso a 175 personas y se aseguraron 7.8 millones de litros de combustible robado.
- Disminución de tomas clandestinas: Aunque el número de tomas ilegales bajó de 14,910 en 2018 a 10,571 en 2020, hubo un repunte a 11,037 en 2021.
Desafíos y críticas
- Desabasto de combustible: El cierre de ductos en 2019 provocó una crisis de suministro en estados como Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, con largas filas en gasolineras y pérdidas económicas estimadas en 1,250 millones de pesos en una semana.
- Tragedias: El 18 de enero de 2019, una explosión en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó 137 muertos y decenas de heridos, evidenciando la peligrosidad del huachicol y la participación de civiles en el robo.
- Persistencia del problema: A pesar de los logros iniciales, el robo de combustible no se erradicó:
- En 2022, el volumen robado aumentó a 6.1 mil barriles diarios, y en 2023 se mantuvo en 5.2 mil barriles diarios, con pérdidas de 5,700 millones de pesos.
- El robo de gas licuado de petróleo (GLP) creció 126% entre 2021 y 2022, con 2,402 tomas clandestinas en 2021.
- Estados como Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz siguen siendo focos rojos.
- Colusión y corrupción: La participación de funcionarios, exfuncionarios de Pemex y políticos en redes de huachicol ha sido un obstáculo. Casos como el de un exsenador de Morena vinculado a un predio con combustible ilegal en 2025 destacan la complejidad del problema.
- Impacto social y violencia: El huachicol ha generado violencia en regiones como el «Triángulo Rojo» (Puebla, Hidalgo, Veracruz), con enfrentamientos, homicidios y desapariciones ligados a disputas entre grupos criminales. Una explosión en Puebla en 2021 dejó un muerto y daños a 200 viviendas.
- Estrategia insuficiente: Críticos señalan que el enfoque militarizado y el uso de pipas no son sostenibles a largo plazo. La falta de alternativas económicas para comunidades involucradas en el huachicol y la impunidad (debido a recortes en el presupuesto de la fiscalía) han limitado el impacto.
Situación reciente (hasta abril 2025)
- Estancamiento: Reportes de 2021-2023 indican que México alcanzó un «tope» en la lucha contra el huachicol, con pérdidas estabilizadas pero no eliminadas (174.9 millones de pesos de enero a julio de 2021).
- Nuevos operativos: En 2025, la Guardia Nacional reportó decomisos significativos, como 65,000 litros de combustible ilegal en Zacatecas en abril.
- Narrativas encontradas: Mientras el gobierno reivindica avances, críticos y medios, como El Universal, denuncian que el huachicol se ha triplicado y que el 33% de la gasolina en el país está adulterada, beneficiando a redes criminales y afectando a consumidores.
- Cambio en el enfoque del crimen: Los grupos criminales han diversificado sus actividades, pasando del robo de gasolina al de gas LP y otros negocios lícitos como el aguacate o la tala ilegal, lo que complica la estrategia gubernamental.
Perspectivas críticas
- Éxito parcial: La estrategia logró reducir significativamente el robo de combustible en 2019-2020, pero no lo erradicó. La dependencia de medidas militares y la falta de políticas socioeconómicas para desincentivar la participación de comunidades en el huachicol han limitado los resultados.
- Costo político: La narrativa oficial de «victoria» choca con tragedias como Tlahuelilpan y el desabasto, lo que ha generado escepticismo. Publicaciones en X reflejan percepciones de que el gobierno exageró los logros o incluso permitió el crecimiento del huachicol para fines políticos, aunque estas afirmaciones carecen de evidencia concluyente.
- Problema estructural: El huachicol no es solo un delito, sino un fenómeno socioeconómico ligado a la pobreza, la corrupción y la debilidad institucional. Sin abordar estas causas, el problema persiste.
Conclusión
La guerra contra el huachicol tuvo un impacto inicial notable, reduciendo el robo de combustible y generando ahorros para Pemex. Sin embargo, el problema no se ha eliminado, y el aumento en el robo de gas LP, la persistencia de tomas clandestinas y la violencia asociada muestran que la estrategia no ha sido suficiente. La colusión interna en Pemex, la falta de alternativas económicas para comunidades y la diversificación del crimen organizado son desafíos pendientes. Aunque operativos recientes muestran esfuerzos continuos, el huachicol sigue siendo una asignatura pendiente, con críticas que cuestionan la efectividad y transparencia del gobierno en este frente.
