La narrativa de la «falsa austeridad» del gobierno federal mexicano, particularmente bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ha sido un tema recurrente en críticas y análisis políticos. Se refiere a la percepción de que, pese a la retórica de austeridad republicana promovida por el gobierno —que incluye recortes en salarios de altos funcionarios, eliminación de gastos superfluos y reducción en ciertos programas—, los ahorros reales han sido cuestionables, y en algunos casos, los recursos se han reorientado hacia proyectos prioritarios o programas clientelares, sin una verdadera optimización del gasto público.
Puntos clave del argumento sobre la «falsa austeridad»:
- Recortes superficiales vs. reasignación de recursos:
- El gobierno eliminó gastos en áreas como comunicación social, viáticos y seguros médicos privados para funcionarios, pero los ahorros no siempre se tradujeron en mejoras sustanciales para sectores críticos como salud, educación o infraestructura.
- Proyectos emblemáticos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles han consumido miles de millones de pesos, con cuestionamientos sobre su viabilidad económica y transparencia en el uso de recursos. Por ejemplo, el Tren Maya ha enfrentado críticas por sobrecostos, con estimaciones que superan los 500 mil millones de pesos, frente a los 150 mil millones inicialmente proyectados.
- Impacto en instituciones públicas:
- La austeridad ha debilitado instituciones clave. Por ejemplo, recortes en el sector salud, como la desaparición del Seguro Popular, dejaron a millones sin acceso adecuado a servicios médicos, agravado por la crisis del desabasto de medicamentos.
- Organismos autónomos como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia) y el Poder Judicial han enfrentado reducciones presupuestales, interpretadas por críticos como un intento de consolidar poder en el Ejecutivo.
- Programas sociales y clientelismo:
- Los recursos ahorrados por la austeridad se han canalizado hacia programas sociales como las pensiones para adultos mayores o becas para jóvenes. Aunque populares, estos programas han sido criticados por falta de focalización y por su uso con fines electorales, beneficiando a Morena, el partido en el poder.
- Auditorías de la ASF (Auditoría Superior de la Federación) han señalado irregularidades en programas como «Sembrando Vida», donde se reportaron desvíos de recursos y falta de resultados medibles.
- Contradicciones en el discurso:
- Mientras se promueve la austeridad, el gobierno ha mantenido o incrementado gastos en áreas como la militarización (con la Guardia Nacional y proyectos a cargo de la Sedena) y en publicidad oficial disfrazada de «informes de gobierno».
- El presidente López Obrador ha defendido la austeridad como una lucha contra la corrupción, pero casos como los contratos opacos en el Tren Maya o los señalamientos contra sus familiares (como el caso de los «moches» en contratos públicos) han alimentado la percepción de doble discurso.
- Efectos económicos y sociales:
- La austeridad mal ejecutada ha contribuido a la precarización de servicios públicos. Por ejemplo, el recorte al presupuesto del INE (Instituto Nacional Electoral) puso en riesgo la organización de elecciones, generando tensiones democráticas.
- La economía mexicana no ha mostrado un crecimiento significativo, con un promedio de 0.9% anual durante el sexenio, lo que sugiere que los ahorros no se han traducido en un impulso económico tangible.
Perspectiva crítica:
La austeridad republicana fue un pilar del discurso de AMLO, basado en la idea de moralizar la vida pública y erradicar el derroche. Sin embargo, la falta de planeación, la opacidad en el gasto de proyectos prioritarios y el debilitamiento de instituciones han llevado a críticos a calificarla como una «falsa austeridad». En lugar de optimizar recursos, se argumenta que el gobierno ha priorizado una agenda política sobre las necesidades estructurales del país.
Por otro lado, defensores del gobierno sostienen que la austeridad ha permitido financiar programas sociales que benefician a los más vulnerables, y que los proyectos de infraestructura, aunque costosos, son inversiones a largo plazo. Sin embargo, la falta de resultados concretos en muchos de estos proyectos sigue siendo un punto de controversia.
