La Cámara de Diputados de México aprobó el 23 de abril de 2025 una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que permite a funcionarios de organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) portar armas de fuego para funciones de seguridad. La reforma, aprobada con 476 votos a favor y dos abstenciones, modifica 57 artículos y establece que los organismos deben justificar la necesidad de portar armas y cumplir con requisitos estrictos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además, la reforma amplía el catálogo de armas accesibles para ciudadanos, permite a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo poseer rifles calibre .22 o escopetas (con ciertas restricciones) tras comprobar su condición, y prohíbe la fabricación y uso de armas creadas por impresión 3D o técnicas artesanales. También se estipulan sanciones por tráfico ilícito de armas y se regulan las licencias colectivas, exigiendo a las instituciones reportar detalles del armamento y su personal autorizado a la Sedena.
El proyecto, que busca fortalecer la seguridad en áreas estratégicas y combatir el tráfico de armas vinculado a la delincuencia organizada, ha sido turnado al Senado para su discusión y posible ratificación.
