La iniciativa de la ley de telecomunicaciones va en contra del T-MEC.

La iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo mexicano ha generado preocupaciones sobre su compatibilidad con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y otras organizaciones, varios aspectos de la propuesta contravienen compromisos establecidos en el T-MEC, particularmente en el capítulo 18 sobre telecomunicaciones. A continuación, se detallan los puntos clave:

1. Independencia del regulador: El T-MEC exige que los reguladores de telecomunicaciones sean independientes y no estén sujetos a influencias gubernamentales directas. La iniciativa propone centralizar facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo, lo que podría violar este principio al eliminar la autonomía previamente otorgada a otras entidades, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
2. Empresas estatales y monopolios: El T-MEC prohíbe prácticas que permitan a empresas controladas por el Estado operar como monopolios o distorsionar la competencia. La iniciativa, según el IDET, incluye artículos que podrían favorecer a empresas estatales, contraviniendo las disposiciones del tratado sobre competencia justa y acceso equitativo al mercado.
3. Censura y regulación de contenidos: La propuesta otorga a la ATDT la capacidad de definir la «veracidad de la información» y aplicar multas severas a plataformas digitales, radiodifusoras y aplicaciones. Esto podría interpretarse como una forma de censura, lo que no solo plantea preocupaciones sobre derechos fundamentales, sino que también podría entrar en conflicto con las disposiciones del T-MEC sobre comercio digital (capítulo 19), que promueven la neutralidad tecnológica y el flujo libre de información.
4. Incertidumbre jurídica: La International Chamber of Commerce México (ICC México) y analistas han señalado que la iniciativa introduce ambigüedad jurídica, invadiendo facultades de otras autoridades (como las secretarías de Economía y Gobernación) y contradiciendo reformas constitucionales recientes. Esto podría generar un entorno desfavorable para la inversión y la competencia, afectando la competitividad regional estipulada en el T-MEC.
5. Riesgos comerciales: La aprobación de la ley en sus términos actuales podría desencadenar demandas de arbitraje o sanciones comerciales por parte de Estados Unidos o Canadá, ya que el T-MEC establece mecanismos para resolver disputas cuando un país incumple sus compromisos. Esto es especialmente relevante dado el historial de conflictos en sectores como energía y maíz transgénico, donde se han señalado violaciones al tratado.

Contexto adicional: El T-MEC, vigente desde julio de 2020, busca modernizar el comercio en América del Norte, promoviendo mercados abiertos, competencia justa y regulaciones transparentes. La iniciativa de telecomunicaciones, presentada en 2025, ha sido criticada por ser una versión mal estructurada de la reforma de 2014, lo que podría llevar a conflictos legales tanto a nivel nacional (en tribunales mexicanos) como internacional (bajo el T-MEC).

Sentimiento en X: Publicaciones recientes en X reflejan preocupación por parte de medios y analistas, destacando que la ley no solo amenaza los compromisos del T-MEC, sino también la operación de plataformas digitales y la libertad de expresión.

Conclusión: La iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones presenta serios riesgos de incumplimiento con el T-MEC, especialmente en términos de independencia regulatoria, competencia justa y libertad en el comercio digital. De aprobarse sin modificaciones, podría generar tensiones comerciales y legales con Estados Unidos y Canadá, además de afectar la inversión y la competitividad en el sector de telecomunicaciones. Se recomienda un análisis exhaustivo en el Congreso para alinear la propuesta con los compromisos internacionales y evitar posibles sanciones.

El Capítulo 18 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), titulado «Telecomunicaciones», establece disposiciones para garantizar un mercado de telecomunicaciones competitivo, transparente y accesible en los tres países. Su objetivo es promover la inversión, la innovación y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones, alineándose con principios de economía de mercado y cooperación regional. A continuación, les  detallo los aspectos más relevantes del capítulo y su relación con las preocupaciones sobre la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones en México:

Disposiciones clave del Capítulo 18

1. Acceso y uso de redes y servicios (Artículo 18.3):

• Los países deben garantizar que los proveedores de servicios de telecomunicaciones tengan acceso no discriminatorio a las redes públicas, incluyendo infraestructura física y servicios esenciales (como interconexión).
• Se prohíben restricciones injustificadas que limiten el acceso a estas redes, lo que incluye prácticas anticompetitivas por parte de operadores dominantes o empresas estatales.
• Relevancia para la iniciativa: La propuesta mexicana, al otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) facultades para regular el acceso a redes y priorizar a empresas estatales, podría interpretarse como una barrera al acceso equitativo, violando este artículo.

1. Independencia del regulador (Artículo 18.8):

• Cada país debe mantener un organismo regulador de telecomunicaciones independiente, separado de cualquier proveedor de servicios y sin estar sujeto a influencias directas del gobierno o de actores del mercado.
• Este organismo debe tener autoridad para imponer regulaciones, resolver disputas y garantizar la competencia.
• Relevancia para la iniciativa: La creación de la ATDT, dependiente del Ejecutivo, contradice este principio, ya que centraliza el control en el gobierno, eliminando la autonomía que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto es una clara violación del T-MEC, según analistas como el IDET.

1. Competencia justa y empresas estatales (Artículo 18.4 y 18.10):

• Se prohíbe que empresas de telecomunicaciones con poder sustancial en el mercado (dominantes o estatales) incurran en prácticas anticompetitivas, como subsidios cruzados, precios predatorios o denegación de acceso a infraestructura esencial.
• Las empresas estatales deben operar bajo principios comerciales, sin recibir ventajas indebidas que distorsionen la competencia.
• Relevancia para la iniciativa: La iniciativa incluye disposiciones que podrían favorecer a empresas estatales (como CFE Telecomunicaciones), lo que contraviene este artículo. La falta de claridad en la regulación de estas entidades podría darles ventajas sobre competidores privados, afectando el mercado.

1. Interconexión (Artículo 18.5):

• Los proveedores principales deben ofrecer interconexión en términos razonables, transparentes y no discriminatorios.
• Los reguladores deben asegurar que las tarifas de interconexión sean justas y basadas en costos.
• Relevancia para la iniciativa: La centralización de funciones en la ATDT podría generar opacidad en la regulación de la interconexión, especialmente si se priorizan intereses gubernamentales sobre los principios de mercado.

1. Transparencia y resolución de disputas (Artículo 18.9):

• Los países deben publicar sus regulaciones de telecomunicaciones y garantizar procesos transparentes para la toma de decisiones.
• Se requiere un mecanismo imparcial para resolver disputas entre proveedores de servicios y entre estos y el regulador.
• Relevancia para la iniciativa: La iniciativa ha sido criticada por su ambigüedad jurídica y por otorgar a la ATDT facultades discrecionales, lo que podría generar decisiones arbitrarias y falta de transparencia, violando este compromiso.

1. Neutralidad tecnológica y espectro radioeléctrico (Artículo 18.11):

• Los países deben asignar el espectro radioeléctrico de manera transparente, competitiva y no discriminatoria, promoviendo la innovación y el acceso a nuevas tecnologías.
• Relevancia para la iniciativa: La propuesta no detalla cómo la ATDT gestionará el espectro, y su dependencia del Ejecutivo podría derivar en asignaciones que favorezcan a ciertos actores, contraviniendo este principio.

1. Servicios de roaming internacional (Artículo 18.12):

• Se promueve la cooperación para garantizar tarifas de roaming justas y accesibles, especialmente para usuarios que viajan entre los tres países.
• Relevancia para la iniciativa: Aunque no es un punto central de conflicto, la falta de un regulador independiente podría dificultar la implementación de acuerdos trilaterales en este ámbito.

Relación con la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones

La iniciativa mexicana, según el análisis del IDET y otras organizaciones, incumple varios de estos principios, especialmente:

• Falta de independencia del regulador: Al transferir funciones del IFT a la ATDT, se viola el Artículo 18.8, ya que la nueva agencia estaría bajo control del Ejecutivo.
• Riesgo de prácticas anticompetitivas: La posible preferencia hacia empresas estatales contraviene los Artículos 18.4 y 18.10, afectando la competencia en el mercado.
• Opacidad y discrecionalidad: La ambigüedad en la redacción de la ley y las amplias facultades de la ATDT podrían violar los requisitos de transparencia y neutralidad tecnológica (Artículos 18.9 y 18.11).

Implicaciones bajo el T-MEC

El incumplimiento de estas disposiciones podría llevar a:

• Reclamos bajo el mecanismo de solución de controversias del T-MEC (Capítulo 31), donde EE.UU. o Canadá podrían iniciar un panel de arbitraje contra México.
• Sanciones comerciales o restricciones en otros sectores como retaliación.
• Desincentivo a la inversión extranjera, ya que la falta de un entorno regulatorio predecible y competitivo afectaría la confianza de empresas internacionales.

Conclusión

El Capítulo 18 del T-MEC establece un marco claro para garantizar un sector de telecomunicaciones competitivo, transparente e independiente. La iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones en México, al centralizar el control en una agencia gubernamental y favorecer potencialmente a empresas estatales, contraviene varios de sus artículos, especialmente los relacionados con la independencia del regulador y la competencia justa. Esto podría desencadenar conflictos comerciales y legales con los socios del T-MEC. Se recomienda que el Congreso mexicano revise la propuesta para alinearla con estas obligaciones internacionales.