En México, la agresión a periodistas ha sido una problemática persistente y severa. Aquí hay un resumen basado en la información disponible:
- Frecuencia de Agresiones: En 2024, se registraron 639 agresiones contra periodistas, lo que representa un aumento del 14% respecto a las 561 agresiones documentadas en 2023. Esto equivale a una agresión cada 16 horas en promedio.
- Tipos de Agresiones: Las agresiones incluyen intimidaciones, hostigamientos, amenazas, uso ilegítimo del poder público, ataques físicos, y en casos extremos, asesinatos. También se han documentado casos de acoso judicial como una forma de censura.
- Asesinatos: Desde el año 2000, se han registrado más de 171 asesinatos de periodistas, con 4 asesinatos ocurridos bajo la administración actual hasta marzo de 2025.
- Responsabilidad: Los principales agresores identificados incluyen funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, y el crimen organizado. Sin embargo, hay una significativa impunidad, con más del 99% de los casos sin resolverse.
- Regiones Más Afectadas: Las entidades federativas con más agresiones en 2024 fueron Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato, concentrando el 51% de las agresiones.
- Impacto en la Libertad de Prensa: Esta violencia ha llevado a una autocensura y a un clima de miedo entre los periodistas, lo que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
- Medidas de Protección: Existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se critica su efectividad y alcance, con solo un 15% de las agresiones reportadas y atendidas por dicho mecanismo.
- Tendencias y Contexto: La violencia contra periodistas no solo persiste sino que parece agravarse, especialmente en contextos de elecciones, coberturas de corrupción, o críticas al gobierno. Además, las agresiones digitales han aumentado, reflejando la adaptación de la violencia a nuevas plataformas.
La situación de la libertad de prensa en México es alarmante, con periodistas enfrentándose a riesgos significativos en el ejercicio de su profesión, lo que subraya la necesidad de políticas públicas más efectivas y una mayor rendición de cuentas para garantizar su seguridad y la libertad de expresión.
